El partido catalán Junts per Catalunya (Junts) y el Gobierno español, liderado por el presidente Pedro Sánchez, alcanzaron este martes un acuerdo por el cual Cataluña recibirá el 25% de las ayudas destinadas a mitigar el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, equivalentes a unos 3.000 millones de euros de los 14.100 millones anunciados por el Ejecutivo. El pacto, confirmado por fuentes de ambos lados asegura el apoyo de Junts al decreto antiaranceles, evitando así un potencial bloqueo legislativo en un momento de creciente tensión económica global.
El acuerdo se produce en respuesta a los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 2 de abril, que incluyen un gravamen del 20% a productos de la Unión Europea (UE), afectando gravemente a sectores clave españoles como el aceite de oliva, las autopartes y el acero. El Gobierno español, bajo la dirección del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentó el pasado jueves un plan de 14.100 millones de euros que combina préstamos blandos, seguros de crédito y fondos de recuperación de la UE para amortiguar el golpe a las empresas más expuestas.
Sin embargo, la aprobación de este decreto requería el respaldo de partidos minoritarios en el Congreso, donde el Gobierno de Sánchez depende de coaliciones frágiles. Junts, con sus siete escaños, se posicionó como un actor clave al exigir una distribución equitativa de las ayudas, insistiendo en que Cataluña, como principal región exportadora de España, merece una parte significativa de los fondos. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el 25% acordado equivale a unos 3.000 millones de euros, una cifra que refleja tanto la contribución catalana al comercio exterior como su peso político en las negociaciones nacionales.
El pacto fue anunciado tras intensas conversaciones que se prolongaron hasta las primeras horas de este martes. Fuentes de Junts argumentaron que el acuerdo no solo protege a las empresas catalanas, sino que también sienta un precedente para futuras negociaciones sobre competencias y recursos. “Hemos asegurado que Cataluña no pague los platos rotos de una guerra comercial que no hemos provocado”, declaró una fuente del partido, añadiendo que el acuerdo incluye compromisos adicionales sobre la implementación plena de la ley de amnistía y el traspaso de competencias migratorias, demandas históricas de Junts.
Por su parte, el Gobierno español defendió que la distribución de las ayudas se basará en criterios objetivos, como el volumen de exportaciones y el impacto sectorial, pero reconoció que el pacto con Junts fue necesario para desbloquear el decreto.
El acuerdo también ha generado tensiones con otras regiones y partidos. El PP, principal fuerza de oposición, acusó al Gobierno de “favorecer a Cataluña a costa del resto de España” y anunció que presentará una moción en el Congreso para exigir una distribución más equitativa. Vox, por su parte, calificó el pacto de “traición nacional” y convocó manifestaciones en varias ciudades para protestar contra lo que consideran un trato preferencial hacia los independentistas catalanes.
Economistas consultados por medios locales señalaron que, aunque el 25% para Cataluña puede parecer desproporcionado, la región contribuye con más del 20% de las exportaciones españolas y concentra industrias estratégicas como la automoción y la química, que serán especialmente vulnerables a los aranceles. Sin embargo, advirtieron que el acuerdo podría generar descontento en regiones como Andalucía, Valencia y el País Vasco, que también enfrentan impactos significativos.
El decreto antiaranceles, que aún debe ser validado por el Congreso, incluye medidas como 7.400 millones en nueva financiación, 5.000 millones de fondos de recuperación de la UE y 2.000 millones en seguros de crédito. Sánchez, que ha calificado los aranceles de Trump como “un retroceso al proteccionismo del siglo XIX”, defendió el pacto como una solución pragmática para proteger la economía española en un contexto de incertidumbre global.
Junts, por su parte, dejó claro que su apoyo no implica un respaldo incondicional al Gobierno, sino una negociación puntual para defender los intereses de Cataluña. El líder del partido, Carles Puigdemont, desde su exilio en Bélgica, elogió el acuerdo como un “primer paso” hacia una mayor autonomía económica, aunque advirtió que seguirán vigilando el cumplimiento de otros compromisos, como la oficialidad del catalán en la UE y el traspaso de competencias.
El pacto marca un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno español y Junts, que ha oscilado entre la cooperación y el enfrentamiento desde el acuerdo de investidura de Sánchez en 2023, cuando el partido catalán condicionó su apoyo a una ley de amnistía para líderes independentistas. Con esta negociación, ambos lados parecen haber encontrado un terreno común, aunque las tensiones políticas y regionales en España sugieren que el equilibrio seguirá siendo frágil.
Mientras tanto, las empresas catalanas, especialmente en el sector del aceite de oliva y las autopartes, esperan con ansiedad los fondos, que podrían ser clave para mantener su competitividad en un mercado internacional cada vez más hostil. El mundo observa cómo España navega por estas aguas turbulentas, mientras la guerra comercial global amenaza con redefinir las economías nacionales y las dinámicas políticas internas.
