Japón ejecutó este viernes a Sunao Takami, de 58 años, condenado a muerte por provocar en 2009 un incendio en un salón de pachinko de Osaka que causó la muerte de cinco personas e hirió a otras diez. El ministro de Justicia del archipiélago, Hiroshi Hiraguchi, confirmó en rueda de prensa que el reo fue ahorcado en Osaka, según informó la cadena pública NHK. Takami había rociado con gasolina una abarrotada sala de estas populares máquinas recreativas, una especie de pinball vertical que utiliza bolas metálicas, situada cerca de su domicilio, antes de prenderle fuego. Entre las víctimas mortales figuran cuatro clientes y un empleado, y algunos de los heridos sufrieron discapacidades permanentes.
El ministro justificó la decisión por la gravedad del crimen. Hiraguchi subrayó que el suceso tuvo consecuencias extremadamente graves, conmocionó a la sociedad e infundió un profundo sentimiento de miedo, y aseguró haber ordenado la ejecución tras considerar el asunto con la mayor cautela posible. Como es práctica habitual en Japón, al condenado solo se le informó de su inminente ejecución la propia mañana del viernes, un procedimiento muy criticado por organismos de derechos humanos.
Se trata de la primera ejecución en Japón desde que la primera ministra Sanae Takaichi asumió el cargo en octubre pasado. La anterior, la de Takahiro Shiraishi, conocido como el asesino de Twitter por matar y descuartizar a nueve personas, se remonta a junio de 2025. Con esta ejecución, el país asiático mantiene sin fisuras su postura sobre la pena capital pese a las críticas internacionales. En la actualidad, según datos oficiales, hay alrededor de un centenar de personas en el corredor de la muerte japonés.
El caso vuelve a poner el foco sobre una singularidad del sistema japonés. Japón y Estados Unidos son los únicos miembros del G7 y, en la práctica, los únicos países democráticos e industrializados que siguen aplicando la pena de muerte. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch censuran no solo su vigencia, sino también el método empleado, la horca, y el hecho de que los reos sean avisados con apenas unas horas de antelación, lo que a su juicio constituye un trato cruel tanto para el condenado como para sus familiares, que a menudo se enteran cuando la ejecución ya se ha consumado.
Pese a la presión exterior, la abolición no figura en el horizonte político del país. La opinión pública japonesa respalda de forma mayoritaria la pena capital, un apoyo que los sucesivos gobiernos esgrimen para mantenerla, con el argumento de que no resulta apropiado suprimirla mientras se sigan cometiendo crímenes violentos de esta naturaleza. El contexto internacional, sin embargo, camina en dirección contraria a la vez que registra un repunte de ejecuciones: según Amnistía Internacional, las ejecuciones en todo el mundo se dispararon un 78 % en 2025 hasta alcanzar las 2.707 en 17 países, la cifra más alta contabilizada por la organización desde 1981, un aumento concentrado en un puñado de Estados. La ejecución de Takami confirma que Japón, con su respaldo social interno y su hermetismo procesal, seguirá siendo una de las grandes excepciones entre las democracias avanzadas en esta materia.
