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Italia ha dado un paso más en la escalada de tensión que rodea a la flotilla de ayuda humanitaria Global Sumud, desplegando un segundo buque de la Marina para reforzar la protección de la misión en alta mar. Así lo anunció el ministro de Defensa, Guido Crosetto, durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, donde subrayó los riesgos a los que se exponen las embarcaciones civiles, especialmente si abandonan aguas internacionales.
Durante su intervención, Crosetto explicó que la fragata Alpino se suma a la ya desplegada Fasan, con el objetivo de disponer de mayores capacidades para posibles contingencias.
Sin embargo, el ministro quiso dejar claro que no pretende que Italia incurra en una acción bélica contra un país aliado. “No es nuestra intención mover barcos militares para hacer la guerra a un país amigo”, aseguró, al tiempo que defendió que la misión tiene un carácter humanitario y de protección de ciudadanos italianos que viajan en la flotilla.
También advirtió a los activistas de los peligros de adentrarse en aguas distintas a las internacionales: “Una vez que abandonen aguas internacionales y entren en aguas de otro Estado, ni nosotros, ni ningún otro país del mundo puede garantizar la seguridad”.
Crosetto instó a la flotilla a aceptar la propuesta italiana de descargar los suministros en Chipre, para que el Patriarcado Latino de Jerusalén los hiciera llegar a Gaza, evitando así riesgos innecesarios en alta mar.
La decisión de reforzar el acompañamiento naval surge tras denuncias de múltiples agresiones contra la flotilla en aguas internacionales, cerca de la isla griega de Gavdos y al sur de Creta. Durante la travesía, los organizadores informaron de al menos 13 explosiones, interferencias en comunicaciones y el sobrevuelo de más de una decena de drones no identificados, que habrían lanzado sustancias químicas o detonadores sobre varios barcos.
Hasta el momento no se han confirmado víctimas, aunque se registraron daños materiales en algunas embarcaciones. Los activistas responsabilizan indirectamente a Israel, aunque el Gobierno israelí no ha hecho una confirmación pública firme sobre su implicación en esos ataques.
España ha respondido anunciando el envío del buque de acción marítima Furor con el fin de prestar apoyo, vigilancia y posibles operaciones de rescate a la flotilla. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que la nave partiría desde Cartagena hacia el área de operaciones.
El Furor —entregado en 2019 y perteneciente a la clase Meteoro— mide aproximadamente 93,9 metros de eslora, tiene capacidad para operar un helicóptero y un dron de vigilancia (modelo M5D-Airfox) y cuenta con un cañón de 76 mm, además de armamento ligero para defensa, pero no está concebido como buque de ataque. Su cometido será el de asistencia, vigilancia y salvamento, no de escolta ofensiva ni confrontación directa.
Según datos oficiales, su tripulación se compone de 46 personas entre oficiales, suboficiales y marineros, y puede transportar hasta 80 personas en situaciones excepcionales (por ejemplo, para evacuar heridos).
Fuentes de la Armada española han aclarado que el buque operará exclusivamente en aguas internacionales —no pretende entrar en la zona de combate ni asumir una escolta agresiva—: actuará ante emergencias, rescates, asistencia médica o protección mínima frente a agresiones externas.
En Roma, la primera ministra Giorgia Meloni criticó duramente a la flotilla, calificándola de maniobra peligrosa e irresponsable que busca generar problemas al Gobierno.
Por su parte, el ministro Crosetto insistió en que el objetivo no es desafiar militarmente a Israel, sino proteger a nacionales italianos y garantizar la seguridad en aguas internacionales, dentro del marco de las leyes internacionales.
Israel, por su parte, pese a no confirmar su autoría en los ataques con drones, ha reiterado su posición de que la flotilla no puede violar su bloqueo naval contra Gaza. El director general de Asuntos Exteriores israelí, Eden Bar Tal, insistió en que ningún barco entrará en Gaza mientras sea zona de combate activa, y sostuvo que, aunque entiende el despliegue de barcos de España e Italia para operaciones de rescate, esas embarcaciones no podrán proteger a la flotilla si su ruta desafía las aguas bajo control israelí.
En Jerusalén, enfatizaron que no ven “problemas” con que barcos civiles se aproximen, siempre que no entren en aguas bajo soberanía israelí ni participen en acciones que Israel considere hostiles
Desde Madrid, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, sostuvo que la flotilla no representa una amenaza: su misión es estrictamente humanitaria. Además, advirtió que cualquier acción contra la flotilla en aguas internacionales o detenciones ilegales sería respondida por España diplomáticamente.
Ese planteamiento pone de manifiesto el dilema central de la operación: cómo acompañar humanitariamente una flotilla que, en su esencia, busca vulnerar un bloqueo naval impuesto por Israel. Al margen del riesgo militar, las tensiones diplomáticas entre los países involucrados podrían escalar si alguno de los buques resulta dañado, intervenido o enfrentado.
La elección de Chipre como punto alternativo para entregar la ayuda, propuesta por Italia, refleja la búsqueda de una solución intermedia que minimice los riesgos. Pero la flotilla ha rechazado ese camino, defendiendo el derecho a entrar hasta Gaza de forma directa, como gesto de protesta y exigencia de transparencia para la población palestina.
Legalmente, la operación se mueve en un terreno complejo: el derecho internacional marítimo permite la navegación en alta mar, pero también reconoce la prerrogativa de los estados costeros de controlar sus aguas territoriales. Si los buques escolta o la flotilla violan esa soberanía, podrían ser considerados una provocación o incluso un acto hostil. Además, aunque los buques de escolta no buscan el enfrentamiento, cualquier incidente —un choque, un abordaje, un fuego cruzado— podría tener consecuencias inmensas diplomáticas y humanitarias.
El éxito de la misión depende de muchos factores: la prudencia de los activistas para no incurrir en acciones que puedan ser consideradas provocativas, la respuesta de Israel en el mar, y la coordinación diplomática entre los países involucrados. En última instancia, esta intervención pone de relieve los límites prácticos y legales de la solidaridad marítima ante un conflicto tan complejo como el que atraviesa la Franja de Gaza.
