Indra ha entregado al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid un total de 38 correos electrónicos en los que aparece como emisora, destinataria o en copia Cristina Álvarez, asesora de Presidencia de la Moncloa y investigada por posible malversación de fondos públicos vinculada a su actividad con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
La documentación fue aportada esta misma semana al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa, en respuesta a un requerimiento judicial que solicitaba todas las comunicaciones —incluidas correos electrónicos, WhatsApp u otros mensajes escritos— en las que figurase Álvarez desde julio de 2018 hasta la fecha. Indra ha detallado que ha localizado precisamente 38 correos en los que la asesora de Moncloa figura como remitente, destinataria o en copia, tanto desde su cuenta profesional vinculada a Presidencia del Gobierno como desde su dirección de correo personal. Los mensajes han sido entregados al Juzgado en formato electrónico mediante un pendrive para su análisis.
El magistrado Peinado ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examine esos correos para determinar su relevancia en la instrucción, pero también ha marcado que los agentes deberán excluir del análisis aquellos que contengan contenido claramente personal y no vinculados a la causa penal. Esta diligencia forma parte de la investigación abierta contra Gómez y su asesora por presuntos delitos que incluyen tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, en relación con la contratación y la actividad profesional que Álvarez desempeñó en favor de los intereses privados o profesionales de la esposa del presidente.
La causa judicial fue iniciada por el juez Peinado después de una denuncia y diversas actuaciones previas en las que se investigan las gestiones de Gómez y de su entorno en torno a una cátedra universitaria y otros proyectos vinculados a su figura. La aportación de estos 38 correos por parte de Indra supone una pieza más en el puzzle probatorio que el instructor está construyendo para esclarecer si existió desvío de recursos públicos o un uso indebido de influencias institucionales.
En su respuesta al requerimiento judicial, la empresa también ha precisado que no dispone de mensajes de WhatsApp ni de otras aplicaciones de mensajería instantánea vinculados a Álvarez, al no formar estas herramientas parte de los sistemas corporativos autorizados para uso profesional de sus empleados o directivos, lo que limita el volumen de comunicaciones disponibles para el análisis judicial. Asimismo, Indra ha informado de que no se han encontrado otras comunicaciones escritas más allá de los 38 correos identificados que involucren a la asesora en el periodo requerido.
