El Ministerio de Igualdad ha formalizado una sanción económica de 25.285 euros a la operadora Vodafone debido a los fallos técnicos registrados en el sistema Cometa el pasado 11 de noviembre. La resolución, confirmada por el departamento que dirige Ana Redondo este viernes, llega tras concluir el expediente de investigación abierto para analizar una incidencia que dejó sin servicio de geolocalización a las víctimas de violencia de género durante trece horas. La penalidad se hará efectiva mediante una deducción directa en los pagos previstos en el contrato de gestión que la empresa mantiene con la Administración.
Los hechos se remontan a la madrugada del 11 de noviembre, cuando una sobrecarga en los servidores del sistema Cometa —encargado de monitorizar las pulseras telemáticas— provocó una caída general entre las 4:30 y las 17:25 horas. Durante este intervalo, los operadores del centro de control perdieron la capacidad de rastrear los movimientos de los agresores, lo que obligó al Ministerio a activar protocolos de emergencia. Se enviaron mensajes de texto preventivos a las más de 4.500 usuarias del servicio y se notificó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la vigilancia directa mientras durase la desconexión.
Desde el Ministerio de Igualdad han defendido la eficacia del sistema pese a este contratiempo, argumentando que ninguna tecnología es infalible. No obstante, la sanción subraya la responsabilidad de la empresa adjudicataria —una unión temporal formada por Vodafone y Securitas Seguridad España— en el mantenimiento de la operatividad constante. Este incidente se suma a la polémica suscitada meses atrás, cuando la Fiscalía General del Estado advirtió de fallos previos en el volcado de datos durante el cambio de proveedor, lo que provocó una potencial desprotección de las víctimas y el sobreseimiento de varios procesos judiciales.
Ante la acumulación de incidencias con el modelo actual, el Gobierno ha anunciado una renovación profunda del servicio para mayo de 2026. El nuevo contrato, valorado en 71 millones de euros, supondrá el fin de las pulseras de muñeca tradicionales, que serán sustituidas progresivamente por tobilleras con mayor resistencia al agua y más difíciles de manipular. Además, el pliego de condiciones obligará a la empresa responsable a sustituir cualquier dispositivo defectuoso en un plazo máximo de 24 horas y reforzará la plantilla del centro Cometa para evitar nuevos colapsos de gestión.
