La actuación de las administraciones, especialmente la de Hacienda, en su persecución incesante de pequeños negocios y autónomos, resulta profundamente criticable. Es alarmante que estas entidades, muchas veces familiares, se vean asediadas por inspecciones fiscales constantes, en su mayoría injustificadas, que terminan por asfixiar sus ya frágiles economías. Es indignante observar cómo el Estado, en su afán por aumentar sus ingresos, se ensaña con quienes apenas logran sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y hostil.
El último despropósito son las visitas que han realizado funcionarios de Hacienda en la capital tinerfeña a varios carritos, cuyo número exacto aún se desconoce. Según ha confirmado El Burgado Digital, al menos cuatro de estos carritos han sido inspeccionados. La intervención del personal de Hacienda se realiza en pareja, y hasta ahora siempre han sido funcionarios godos, sin que se haya podido confirmar si son inspectores o subinspectores trasladados desde la Península para esta acción fiscalizadora específica.
Los carritos en la capital tinerfeña se rigen por ordenanzas municipales y sus gastos corresponden mayoritariamente al pago anual de la concesión, al consumo de energía eléctrica, a la maquinaria y equipos necesarios para su labor, y a la compra de mercancías (bollería y pan, chocolates, golosinas, periódicos y revistas, bebidas como agua y refrescos, y algún producto más). Hasta ahora, igual que otros autónomos, están sujetos a la modalidad denominada “módulos”. Sin embargo, Hacienda, que parece asumir que son millonarios encubiertos trabajando hasta 12 horas diarias por diversión, quiere pasarlos a la modalidad de “facturación”.
Esto no va a ser fácil, pero de momento las visitas incomodan a los humildes kiosqueros y levantan sospechas sobre por qué se ha dado orden de realizar estas visitas pre-inspección específicamente a los carritos de la ciudad. Estas inspecciones, muchas veces sin un fundamento sólido, no solo generan un estrés financiero y emocional insostenible, sino que también fomentan una cultura de desconfianza y temor entre los emprendedores.
Una inspección de Hacienda puede ser devastadorA para pequeños negocios como los carritos
El cambio de “módulos” a “facturación” estaba previsto para este año, pero asesores fiscales y autónomos del sector consultados por este periódico digital, aseguran que será muy difícil implementar este cambio, no solo este año sino también en 2025.
Las pymes y los autónomos son el motor de la economía local, generando empleo y dinamismo. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo y facilidades para crecer, se enfrentan a una carga fiscal desproporcionada y a una vigilancia extrema por parte de Hacienda. Es particularmente preocupante que estas acciones no se lleven a cabo con la misma intensidad en grandes corporaciones, que frecuentemente disfrutan de exenciones fiscales y facilidades que les permiten evadir responsabilidades tributarias. Esta disparidad en el trato refleja una injusticia estructural que perpetúa la precariedad de los pequeños negocios mientras los grandes jugadores del mercado continúan beneficiándose.
Además, el coste administrativo y legal de enfrentar una inspección de Hacienda puede ser devastador para pequeños negocios como los carritos. Este sector, al igual que muchos otros, especialmente el de los emprendedores, se ve obligado a cerrar sus puertas, llevando a la ruina no solo sueños y esfuerzos, sino también afectando a la economía local en general. Y a la distribución de la prensa de papel en todas sus modalidades y, por ende, a la difusión de la cultura.
Es imperativo que las administraciones reevalúen sus políticas de inspección y adopten un enfoque más justo y equitativo. Es necesario promover un ambiente en el que los pequeños negocios puedan prosperar sin la constante sombra de la persecución fiscal, como una espada de Damocles para los más débiles. La economía de un país se fortalece apoyando a quienes trabajan arduamente para sacar adelante sus proyectos, no estrangulándolos con cargas y presiones insostenibles.
Nueva ordenanza y futuro incierto
- A principios de este año, el Ayuntamiento de la capital tinerfeña anunció una revolución en los kioscos de Santa Cruz. La ordenanza que los regula, aprobada en 1992, ha quedado obsoleta. Actualmente, según datos facilitados por el Ayuntamiento, solo quedan alrededor de 40 kioscos en el municipio, una cifra que en el pasado llegó a ser de 100.
- Ordenanza Municipal vigente.
- En los años 90, los carritos fueron adjudicados a vecinos que se dedicaban a la venta de productos en condiciones precarias y presentaban necesidades sociales. La ordenanza establece que los kioscos solo pueden pasar de padres a hijos. Sin embargo, en algunos casos, estos últimos no han querido continuar con la actividad. La regulación también contempla la posibilidad de contratar a otra persona durante un año. El traspaso solo se autoriza en tres supuestos: fallecimiento, discapacidad o jubilación.
