Guatemala comenzó el pasado viernes la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2.000 reos de alta peligrosidad, principalmente pandilleros, con una inversión de 130 millones de dólares y un plazo de obra previsto de un año. El presidente Bernardo Arévalo colocó la primera piedra en un acto en la localidad de Morales, en el departamento de Izabal, a 290 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala. La instalación se levantará sobre una finca que fue incautada al crimen organizado.
El centro penitenciario ha sido bautizado como «El Triunfo» y su construcción estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, tras un acuerdo entre el ministro de Gobernación, Marco Villeda, y el ministro de Defensa, Henry Sáenz. El terreno fue objeto de extinción de dominio en 2012, cuando el propio Villeda se desempeñaba como juez en esa materia.
El Gobierno guatemalteco quiso desde el primer momento poner distancias con el modelo de Nayib Bukele. El ministro del Interior aclaró que la cárcel cumplirá estándares internacionales, con un máximo de dos reos por celda, y que no habrá celdas colectivas como en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. Arévalo definió el proyecto como un triunfo de la justicia sobre el crimen organizado y subrayó que Guatemala pertenece al pueblo y no a los criminales.
La necesidad es urgente. El sistema penitenciario guatemalteco tiene más de 23.000 reos repartidos en 22 prisiones diseñadas para apenas 6.000 personas, lo que supone un hacinamiento del 300%. En enero, once policías fueron asesinados en ataques coordinados del Barrio 18 en represalia por el control estatal de tres cárceles amotinadas, y la prisión Renovación I de Escuintla quedó en parte destruida.
Sin embargo, el proyecto tropezó con la justicia antes de que terminara su primer día. A menos de 24 horas del acto inaugural, la Sala de Apelaciones del departamento de Izabal concedió un amparo provisional y ordenó la paralización inmediata de los trabajos. La resolución argumenta que la obra representa un riesgo tanto para los reclusos como para la población vecina debido a su proximidad a una de las zonas más propensas a las inundaciones del municipio, y advierte del peligro que supondría una evacuación de emergencia con reos de alta peligrosidad. Desde antes de la primera piedra, comunidades de Morales llevaban semanas expresando su rechazo al emplazamiento elegido.
El Gobierno tiene previsto un segundo centro penitenciario de alta seguridad en Masagua, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, con apertura prevista para 2027. Por ahora, el primero espera que los tribunales resuelvan el amparo.
