Nueve meses después de que Donald Trump anunciara el acuerdo de veinte puntos que puso fin a la guerra abierta en Gaza en octubre de 2025, la situación sobre el terreno dista mucho de lo prometido. Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar los términos pactados y la violencia no ha cesado: los israelíes han matado desde entonces a más de mil personas, entre ellas 265 niños según Unicef, mientras han avanzado sus líneas militares hasta controlar más del 60% de la Franja.
La Junta de Paz creada por la Administración Trump trabaja en la delimitación de las primeras zonas libres de Hamás en Gaza, territorios en los que el grupo islamista no tendría presencia y que servirían de base para la reconstrucción civil. Su alto representante, Nikolai Mladenov, reconoció en mayo que el alto el fuego «no es perfecto pero se mantiene», y que el principal obstáculo para avanzar sigue siendo el mismo desde el primer día: Hamás se niega a desarmarse, condición que Israel y Estados Unidos consideran innegociable.
El grupo islamista no ha lanzado ataques directos contra el ejército israelí en este periodo, pero tampoco ha cedido sus armas ni ha aceptado quedar fuera del gobierno de Gaza el día después del cese de hostilidades, tal y como declaró desde el principio. La coalición de gobierno israelí presentó además un proyecto de ley para disolver el Parlamento y convocar elecciones en cinco meses, lo que sitúa los comicios en torno a octubre, coincidiendo con la presión política interna más intensa.
Los medios israelíes llevan días alertando de que crece la probabilidad de una nueva operación militar a gran escala antes de esas elecciones. La lógica que manejan los analistas es conocida: Netanyahu necesita mostrar resultados militares ante un electorado que exige el desmantelamiento definitivo de Hamás. El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, ya advirtió en mayo que la campaña «no ha terminado» y que las fuerzas están «preparadas para reanudar los combates si se requiere». Las familias de los rehenes que permanecen en Gaza llevan meses denunciando que la presión militar dificulta las negociaciones para su liberación, mientras el fotoperiodismo que llega desde la Franja sigue describiendo una situación de hambre y destrucción generalizada.
