El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, ha propuesto suspender durante tres años la entrada de inmigrantes, incluidos los que llegan de manera legal. «Hemos llegado al límite de nuestra capacidad de integración y asimilación», declaró en una entrevista con ‘Le Journal du Dimanche’ publicada este domingo. El ministro reclama «el fin de la inmigración tal como se concibe hoy».
Darmanin ha planteado una reforma constitucional para introducir estas medidas y establecer cuotas de entrada de extranjeros. «Propongo reformar la Constitución para permitir el establecimiento de cuotas vinculantes, no indicativas como ocurre actualmente. La Constitución tendrá que ser modificada», señaló.
Entre sus propuestas figura impedir que ciertos permisos de residencia expedidos por motivos de trabajo den derecho a la reagrupación familiar. El ministro también plantea condicionar los visados a la aceptación, por parte de los países de origen, de la obligación de readmitir a sus nacionales expulsados.
Francia registró el año pasado cerca de 384.000 nuevos permisos de residencia, con un total de 4,5 millones de residentes extranjeros legales en el país. Darmanin, que ocupó el cargo de ministro del Interior entre 2020 y 2024, justifica la moratoria como necesaria para reformar el modelo de integración y restaurar la confianza pública.
Respecto a un posible referéndum sobre inmigración, Darmanin aseguró que «nunca ha tenido miedo de la palabra dada al pueblo». El ministro, que ha formado parte de casi todos los gobiernos bajo la presidencia de Emmanuel Macron desde 2017, indicó que «dentro de un año sucederán muchas cosas» y que tomará su decisión sobre presentarse o no a las elecciones presidenciales de 2027 «basándose únicamente en los intereses de mi país».
De cara a las presidenciales, Darmanin considera que Édouard Philippe, actualmente investigado por la Fiscalía Nacional de Finanzas, es «hoy el mejor situado» y «capaz de hacer avanzar su candidatura y reunir todas estas tendencias».
La propuesta afronta importantes obstáculos legales y parlamentarios. Cualquier moratoria requeriría una revisión constitucional o un referéndum, procesos que no pueden completarse rápidamente. La propia ley de inmigración de Darmanin en 2024 fue severamente recortada por el Consejo Constitucional.
