La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre la misión que visitó Barbate (Cádiz) para investigar la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha, en el que se acusa al Gobierno de España, y directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de «retirar pruebas clave» antes de la llegada de la delegación, una actuación que el texto califica de «grave obstrucción» a la finalidad investigadora de la misión.
El documento, respaldado en la Comisión de Peticiones, señala de forma explícita que una de las pruebas sustantivas retirada fue la patrullera implicada en el suceso, lo que impidió su examen por parte de los eurodiputados enviados a la zona. La misión, que visitó Algeciras y Barbate en mayo, incluyó entrevistas con autoridades locales, asociaciones de guardias civiles y familiares; sus conclusiones recogen tanto la falta de medios como las irregularidades en la gestión informativa del caso.
Además de la crítica por la supuesta retirada de pruebas, el informe incluye enmiendas que piden al Ejecutivo que reactive unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico —en concreto, reclama la recuperación de la unidad de élite OCON-Sur y otras estructuras regionales consideradas «clave» para operaciones en zonas de alto riesgo como el Campo de Gibraltar—, por entender que el desmantelamiento de esos recursos ha debilitado la respuesta frente a las mafias que operan en la costa andaluza.
El texto de la Eurocámara no es vinculante, pero supone una presión política significativa: denuncia además el ascenso, por parte del Gobierno, de mandos vinculados al operativo en que fallecieron los agentes, un gesto que, según el informe y representantes de las familias, incrementa la sensación de agravio y falta de reparación. Organizaciones y asociaciones de guardias civiles han reaccionado reclamando responsabilidades políticas y la devolución de recursos humanos y materiales para garantizar la seguridad en el mar y en tierra.
Fuentes del Gobierno y del Ministerio del Interior han defendido en las últimas horas su actuación y subrayado la cooperación con las fuerzas de seguridad; el propio Marlaska ha rechazado versiones que atribuyan una retirada deliberada de pruebas con intención de obstaculizar. La cuestión, con evidente carga política nacional, queda ahora en manos del debate público y de las posibles iniciativas parlamentarias tanto en España como en la UE.
La Comisión de Peticiones aprobó las conclusiones con un reparto de votos que refleja la fragmentación política en la Eurocámara —el informe salió adelante con mayoría pero con abstenciones y votos en contra—; su voluntad explícita de convertir en prioridad la protección de los agentes y la lucha contra el narcotráfico obliga al Gobierno a dar explicaciones públicas y, a juicio de la delegación europea, a restaurar cuanto antes las capacidades operativas que consideran indispensables.
