⏱ 6 min de lectura
En una decisión que ha sacudido los pasillos de la diplomacia internacional, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que denegará la visa al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, y a unos 80 funcionarios palestinos más, impidiéndoles participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) prevista para el próximo mes de septiembre. Esta medida, calificada por Washington como una cuestión de «seguridad nacional», se produce en un momento crítico: justo antes de una cumbre global en la que varios aliados estadounidenses, como Francia, Reino Unido, Canadá y Australia, planean reconocer formalmente un Estado palestino. La controversia no solo pone en entredicho el compromiso de EE UU con el acuerdo de sede de la ONU, sino que también aviva las tensiones en Oriente Próximo, donde el conflicto en Gaza sigue sin resolución.
El Departamento de Estado estadounidense, dirigido por el secretario Marco Rubio, hizo público el viernes el veto a las visas de los funcionarios de la ANP y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el paraguas político que representa internacionalmente a los palestinos. Según el comunicado oficial, la decisión se basa en la supuesta falta de cumplimiento por parte de la ANP de sus compromisos internacionales, incluyendo la no repudiación explícita del terrorismo –con especial mención al ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que causó 1.200 muertes en Israel– y la incitación a la violencia en el sistema educativo palestino. Además, Washington acusa a los palestinos de socavar las perspectivas de paz al promover el reconocimiento unilateral de su Estado y de impulsar lo que denomina «guerra jurídica» contra Israel en instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se investigan presuntos crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania.
Esta acción no es aislada. Forma parte de una estrategia más amplia de la Administración de Donald Trump, que ha endurecido su postura hacia los palestinos desde su regreso al poder. En julio pasado, ya se habían anunciado sanciones similares contra funcionarios no identificados de la ANP y la OLP por «glorificación de la violencia». Ahora, el veto se extiende explícitamente a Abás, de 89 años y al frente de la ANP desde 2005, quien había planeado dirigirse a la Asamblea General para defender los derechos palestinos y posiblemente emitir una «declaración de independencia». Fuentes del Departamento de Estado han aclarado que se concederán exenciones a la Misión Permanente de la ANP ante la ONU en Nueva York, liderada por el embajador Riyad Mansour, para cumplir con el Acuerdo de Sede de 1947, que obliga a EE UU, como país anfitrión, a facilitar el acceso a las instalaciones de la organización.
Sin embargo, expertos en derecho internacional, como el profesor de la Universidad de Nueva York Philip Alston, advierten de que denegar la visa a Abás podría violar dicho acuerdo, dado que Palestina ostenta el estatus de Estado observador no miembro en la ONU desde 2012. «Es un equilibrio delicado: EE UU invoca excepciones por seguridad y política exterior, pero esto podría interpretarse como una obstrucción a la diplomacia multilateral», señala Alston en declaraciones recogidas por medios internacionales.
La medida evoca precedentes históricos que ilustran la compleja relación entre EE UU y los líderes palestinos. En 1988, Washington denegó la visa al entonces presidente de la OLP, Yasir Arafat, lo que obligó a la ONU a trasladar temporalmente su Asamblea General a Ginebra. Más recientemente, en 2013, se rechazó la entrada al exlíder sudanés Omar al Bashir por una orden de arresto de la CPI.
El trasfondo es el prolongado conflicto en Gaza, desencadenado por el ataque de Hamás en 2023 y la posterior ofensiva israelí, que ha causado más de 63.000 muertes, 150.000 heridos y el desplazamiento de la mayoría de la población gazatí, según informes de la ONU. Expertos internacionales han calificado la situación como un «genocidio» en curso, con hambruna declarada por la obstrucción de ayuda humanitaria. La ANP, con control limitado en Cisjordania, ha sido criticada por su falta de elecciones recientes y corrupción, pero también se ve como un posible administrador de Gaza postconflicto, algo que Netanyahu rechaza tajantemente, equiparando a la ANP con Hamás.
En este panorama, la decisión estadounidense parece motivada también por la presión israelí. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, ha agradecido públicamente a Rubio por «responsabilizar» a los palestinos, mientras que el embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, ha elogiado el veto como un golpe a los «esfuerzos unilaterales» de reconocimiento estatal.
La respuesta global no se ha hecho esperar. La presidencia palestina ha expresado «profundo pesar y asombro», instando a EE UU a revertir la decisión y reafirmando su compromiso con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, ha anunciado que el secretario general, António Guterres, discutirá el asunto con el Departamento de Estado, subrayando la necesidad de que todos los Estados observadores, incluida Palestina, estén representados.
En Europa, la condena ha sido unánime. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha calificado la medida de «inaceptable» durante una reunión de titulares de Exteriores de la UE en Copenhague, mientras que su homólogo español, José Manuel Albares, la ha tildado de «injusta». Irlanda, a través de su ministro Simon Harris, ha urgido a la UE a protestar «en los términos más fuertes posibles». La Organización de Cooperación Islámica (OCI), con 57 miembros, ha denunciado el veto como «discriminatorio» y contrario al derecho internacional.
Por el contrario, Israel ha aplaudido la iniciativa, viéndola como un freno a las aspiraciones palestinas. En el otro extremo, países como Rusia e Irán, tradicionalmente críticos con EE UU, podrían usar este incidente para cuestionar el rol de Washington como anfitrión neutral de la ONU.
Esta controversia llega en un momento pivotal. La Asamblea General de septiembre incluirá un segmento dedicado a los derechos palestinos el 22 de septiembre, y una cumbre paralela organizada por Francia y Arabia Saudí donde naciones como Australia, Canadá, Reino Unido y Francia condicionan el reconocimiento de Palestina a avances en el proceso de paz, incluyendo el fin de la guerra en Gaza y reformas en la ANP. Actualmente, casi 150 países reconocen el Estado palestino, y este impulso podría marcar un punto de inflexión, dividiendo aún más a la comunidad internacional entre quienes apoyan a Israel –como EE UU– y el resto del mundo.
