Aprovechando los recientes acontecimientos migratorios registrados en Europa y otras partes del mundo, considero oportuno plantear una cuestión que suele quedar relegada en el debate público: la tensión que puede existir entre un Estado de bienestar universal y una política de fronteras débiles o completamente abiertas.
El argumento es relativamente sencillo. Los individuos responden a los incentivos que encuentran en su entorno. Cuando un Estado ofrece un amplio conjunto de servicios y prestaciones sociales —como educación, sanidad, subsidios o determinadas transferencias— está generando un conjunto de beneficios potenciales asociados a la residencia dentro de su territorio. Si, simultáneamente, las barreras de entrada son reducidas o prácticamente inexistentes, estos beneficios pueden convertirse en uno de los factores que incrementen el atractivo relativo de ese país para determinados individuos.
Esto es lo que habitualmente denominamos efecto llamada: la existencia de unas condiciones particularmente favorables en el país receptor puede modificar los incentivos de las personas que están considerando emigrar. No significa que toda migración responda al Estado de bienestar, ni que los inmigrantes se movilicen exclusivamente para recibir prestaciones. Las decisiones migratorias son mucho más complejas y responden también a diferencias salariales, seguridad, oportunidades laborales, reunificación familiar, estabilidad institucional y múltiples circunstancias personales. Pero sería igualmente ingenuo negar que las instituciones y los beneficios disponibles forman parte del conjunto de incentivos que los individuos pueden considerar al tomar sus decisiones.
Desde una perspectiva liberal y, particularmente, desde el enfoque de la economía austriaca, este punto resulta fundamental. Las personas actúan deliberadamente para alcanzar determinados fines utilizando los medios que consideran disponibles. Por tanto, cuando modificamos las reglas institucionales, también modificamos los incentivos dentro de los cuales millones de individuos toman decisiones.
Ahora bien, ¿significa esto que estoy en contra de las fronteras abiertas?
La respuesta es no.
De hecho, mi posición es bastante más matizada. Actualmente trabajo también en un ensayo titulado En defensa de las fronteras abiertas, precisamente porque considero legítimo defender la libertad de movimiento de las personas. Si una persona desea trasladarse de un territorio a otro para trabajar, estudiar, emprender o simplemente buscar una vida diferente, no existe una razón liberal evidente para considerar ese desplazamiento como moralmente ilegítimo por sí mismo.
Pero aquí aparece una distinción institucional importante.
Una cosa es defender la libertad de movimiento y otra muy diferente es sostener que todo Estado debe garantizar automáticamente a cualquier persona que ingrese en su territorio el acceso inmediato e ilimitado a un sistema de prestaciones financiado coercitivamente por los contribuyentes.
Desde una perspectiva liberal, debemos preguntarnos quién posee legítimamente los recursos que financian esas prestaciones, bajo qué reglas se accede a ellas y qué incentivos genera el sistema. La cuestión no es necesariamente impedir que una persona entre, sino determinar qué derechos puede reclamar frente a terceros y frente al Estado una vez que entra.
Aquí aparece la tensión central de este artículo.
Si combinamos fronteras débiles o abiertas con un Estado de bienestar universal, podemos generar un sistema institucional en el que los beneficios asociados a la residencia reduzcan parte del coste económico esperado de la migración y, por tanto, incrementen el atractivo relativo del territorio receptor.
Y cuanto mayor sea el diferencial entre las condiciones ofrecidas por el país de origen y las proporcionadas por el país receptor, mayor puede ser ese incentivo.
Esto no constituye una acusación moral contra el inmigrante. Al contrario: si los individuos responden a los incentivos, lo racional es esperar que respondan a ellos. El problema, por tanto, no está necesariamente en quien toma la decisión, sino en el diseño institucional que produce determinadas consecuencias.
Aquí es donde considero especialmente relevante realizar una comparación.
¿Qué ocurriría si, en lugar de un Estado de bienestar universal financiado mediante impuestos, tuviéramos un orden liberal caracterizado por una provisión predominantemente privada de educación, sanidad, seguros y otros servicios, acompañado de una pequeña red de seguridad social financiada por los propios contribuyentes?
Mi hipótesis es que el efecto llamada asociado específicamente a las prestaciones estatales sería considerablemente menor.
Esto no significa que desaparecieran los incentivos migratorios. Un país seguiría pudiendo resultar atractivo por sus salarios, seguridad, instituciones, oportunidades empresariales o calidad de vida. Pero desaparecería, o al menos se reduciría, uno de los componentes institucionales que puede incentivar determinadas decisiones migratorias: la posibilidad de acceder a un amplio sistema de beneficios financiado colectivamente sin que exista necesariamente una relación proporcional entre contribución y recepción de prestaciones.
Y aquí encontramos una cuestión que trasciende el debate migratorio.
El problema fundamental es que las instituciones producen incentivos, y los individuos responden a ellos. Cuando diseñamos una política pública debemos considerar no solamente sus intenciones declaradas, sino también las consecuencias que puede producir una vez que millones de personas comienzan a adaptar su comportamiento a las nuevas reglas.
Esta es una de las enseñanzas fundamentales de la tradición de la economía austriaca: los fenómenos sociales no pueden comprenderse únicamente observando las intenciones de quienes diseñan las instituciones. Es necesario estudiar también las decisiones descentralizadas de los individuos y las consecuencias que emergen de su interacción.
Por eso, la pregunta relevante no debería ser simplemente si estamos “a favor” o “en contra” de la inmigración.
La pregunta debería ser mucho más precisa:
¿Qué combinación de libertad migratoria, derechos de propiedad, provisión privada de servicios, seguridad jurídica y protección social produce una estructura de incentivos compatible con una sociedad libre y sostenible?
Este enfoque también permite comprender mejor algunos de los fenómenos migratorios que estamos observando actualmente en Europa y otras regiones del mundo. Y en determinados casos, como los conflictos migratorios vinculados a territorios estratégicos y fronterizos como Ceuta, pueden añadirse además factores geopolíticos que hacen todavía más compleja la dinámica.
Por tanto, reducir todo el fenómeno migratorio a la existencia del Estado de bienestar sería un error. Pero ignorar que las instituciones modifican los incentivos y que los individuos responden a esos incentivos también lo sería.
La cuestión, en última instancia, no consiste en culpar a quienes migran.
Consiste en preguntarnos qué tipo de instituciones estamos construyendo y qué comportamiento racional podemos esperar de las personas cuando se enfrentan a ellas.
Porque si queremos comprender los fenómenos sociales, debemos estudiar no solamente lo que las instituciones pretenden conseguir, sino también los incentivos que crean.
