El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una inversión estratégica en materia de regeneración democrática. Mediante la autorización de una contribución voluntaria de 980.000 euros a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Ejecutivo busca blindar técnicamente la puesta en marcha del ambicioso Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
Esta inyección económica no es un pago a fondo perdido, sino que actúa como un contrato de consultoría de alto nivel con el organismo internacional más relevante en gobernanza. El objetivo es que la OCDE tutele la implementación del plan a través de tres ejes de actuación inmediata que marcarán el futuro de la transparencia en España.
El primer gran hito de esta colaboración será el diseño de la Agencia Independiente de Integridad Pública. La OCDE aportará un análisis comparado de los modelos que ya funcionan con éxito en otros países, asegurando que el nuevo organismo español no solo sea independiente sobre el papel, sino que cuente con mecanismos de coordinación efectivos para evitar duplicidades con otras instituciones de control.
En segundo lugar, el organismo internacional supervisará el diseño de los sistemas de evaluación y monitorización. El Gobierno pretende que el Plan Estatal no sea una declaración de intenciones, sino una hoja de ruta con objetivos medibles. La OCDE ayudará a establecer indicadores de éxito que permitan auditar si las medidas aplicadas están reduciendo realmente los índices de corrupción.
El tercer eje, y quizás el de mayor calado político, se centra en el incremento de la integridad en la financiación de las formaciones políticas. La contribución financiará los trabajos técnicos para mejorar la transparencia en las cuentas de los partidos, una demanda histórica de los organismos internacionales para cerrar las puertas a las donaciones irregulares y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema democrático.
Este movimiento se enmarca en un contexto de máxima exigencia social. Al delegar el diseño técnico en la OCDE, el Gobierno busca dotar al Plan Estatal de un sello de solvencia técnica que lo aleje de la pugna partidista. La creación de esta arquitectura institucional pretende, a largo plazo, corregir debilidades estructurales y alinear a España con los estándares más exigentes de integridad pública del mundo occidental.
