El exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid para evitar entregar su teléfono móvil como parte de la investigación por la presunta agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá. Según reportes de El Mundo y Heraldo de Aragón del 13 de marzo de 2025, la defensa de Errejón argumenta que el volcado completo del dispositivo vulneraría «gravemente» su derecho fundamental a la intimidad, tanto personal como profesional, al exponer información ajena al caso, como conversaciones privadas, datos médicos y contactos políticos.
El juez Adolfo Carretero, encargado del caso, había ordenado previamente la entrega de los móviles de ambos implicados para que la Policía Judicial analizara su contenido, tras constatar que Errejón eliminó mensajes y cambió de teléfono después de iniciada la causa en octubre de 2024. Sin embargo, Errejón propone una alternativa: personarse ante el juez y mostrar él mismo las conversaciones relevantes con Mouliaá, evitando así un análisis exhaustivo de su dispositivo. La defensa solicita que esta diligencia se suspenda hasta que la Audiencia Provincial resuelva si es pertinente, según detalla un escrito citado por los medios.
Por su parte, Mouliaá, quien denunció a Errejón por un incidente ocurrido en septiembre de 2021, ha aceptado entregar su teléfono, aunque lo hará directamente a la Policía debido a la falta de recursos del juzgado para recogerlo. La actriz ha acusado al exdiputado de negarse a colaborar plenamente, mientras que la investigación sigue su curso tras la declaración de ambos en enero, donde ofrecieron versiones opuestas: Mouliaá sostiene que fue agredida sin consentimiento, y Errejón afirma que todo fue consensuado.
El caso, que ha sacudido el panorama político español desde la renuncia de Errejón a su escaño en octubre de 2024, sigue generando debate. La decisión del juez sobre el recurso de Errejón será clave para determinar si los datos del móvil aportan luz a esta polémica investigación.