Un fiscal general pendiente de ser imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos se atreve, en la apertura del año judicial, a pedir que se cambie la actual ley procesal penal para que sean los fiscales quienes instruyan los procesos, en vez de los jueces de Instrucción. Lo pide en España, donde la Fiscalía General ha rendido pleitesía al Gobierno, confundiendo su papel de garante de la legalidad, porque la legalidad parece tenerla siempre Pedro Sánchez.
García Ortiz es el menos indicado para ser garante de nada, cuando ha mostrado su adhesión permanente a un Gobierno que no conoce la vergüenza. Si no fuera por los jueces y magistrados, este país estaría en el infierno judicial, como Venezuela.
Y, además, es la única batalla (con la elección de la prestigiosa Isabel Perelló como presidenta del Supremo y del CGPJ) que han perdido los sectarios, conquistada por Sánchez la mayoría del Tribunal Constitucional y abducida también por Sánchez la Fiscalía General del Estado.
Ha sido una luz de esperanza la elección, por abrumadora mayoría de 16 a 4 votos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de María Isabel Perelló Domènech como presidenta de ese Consejo y del Tribunal Supremo de España. Progresista, justa, imparcial y con una trayectoria profesional impecable. A esta magistrada no le van a amedrentar ni la Fiscalía, ni el Tribunal Constitucional, es decir, ni García Ortiz ni Conde-Pumpido, que parecen –no parecen, son– marionetas de Sánchez en tantas ocasiones.
Ahora García Ortiz reclama para la Fiscalía la instrucción de los procedimientos penales y, desde luego, no es el momento. Si antes tuvo su razón de ser, hoy no lo tiene, porque la Fiscalía ha demostrado que no es imparcial. Y no estoy acusando a todos los fiscales, pero al mantener su dependencia orgánica del Gobierno, lo primero que hay que hacer es quitársela, destituir a un fiscal general sospechoso de revelar secretos y después cambiar el modelo. Entonces sí. Entonces se podría reiniciar un proceso limpio y modificar la ley procesal penal y lo que haga falta.
Siempre he dicho que en ningún país democrático jueces y fiscales entran en la sala por la misma puerta del estrado. Es que no deberían ni ser amigos, ni cenar juntos, ni compartir cócteles y fiestas, como sucede ahora, ni hablar entre ellos sin testigos. Sólo de esta forma el ciudadano puede sentirse tranquilo. Un sistema judicial tiene que ser transparente y en España no lo es. Y en cuanto a la eliminación de las acusaciones populares que propone García Ortiz, ojo, porque a veces son las únicas capaces de enfrentarse al poder de la Administración de Justicia en general. O sea, que puede que haya que seguir permitiéndolas. Al menos, de momento.
Que García Ortiz, precisamente, ensalce ahora la “imparcialidad” de la Fiscalía y la necesidad de que ésta actúe desprovista de “intereses particulares”, vale, que se lo pregunten a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, si está contento con esa imparcialidad y con la ausencia de intereses particulares en las acusaciones contra él. ¿A quién quiere engañar el cuestionado fiscal general? Como poco, debería guardar silencio. Un fiscal general pendiente de ser imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Insólito en este país. ¿Debemos creer que es sincero cuando pide lo que pide, o quizá quiera más poder para su patrón?
