⏱ 3 min de lectura
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha solicitado al Gobierno de Canarias que adopte “con carácter prioritario y urgente” medidas de cifrado de extremo a extremo que garanticen la protección de los datos contenidos en los atestados policiales que se envían por vía telemática a los órganos judiciales, especialmente cuando estos se refieren a procedimientos sometidos a secreto sumarial, a material audiovisual relativo a menores de edad, a víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual o a testigos protegidos.
El acuerdo 21/2025, aprobado por la Sala de Gobierno del TSJC en su reunión del pasado 17 de octubre, da visto bueno al texto refundido del Protocolo para la Remisión Telemática de Atestados aprobado originalmente en 2022, y acuerda remitir comunicación a la titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia a fin de que, en el ámbito de sus competencias, “adopte con carácter prioritario y urgente las medidas necesarias para implantar sistemas de transmisión telemática mediante cifrado de extremo a extremo que garanticen: algoritmos de cifrado de nivel alto conforme al Esquema Nacional de Seguridad; firma electrónica avanzada o cualificada; registros de trazabilidad inalterable que documenten la identidad de usuarios, fecha, hora y operaciones realizadas, conservándose durante dos años; control de acceso basado en roles y principio de minimización; interoperabilidad con el sistema LexNet; canales diferenciados para datos especialmente protegidos y sistemas de detección de intrusiones y respuesta a incidentes (…)”.
El órgano de gobierno de los jueces acuerda solicitar a la titular de la DGRAJ que “en el plazo de dos meses” informe sobre “las actuaciones proyectadas, calendario de ejecución y recursos presupuestarios destinados a tal fin”, y pone en conocimiento de este acuerdo al Consejo General del Poder Judicial “para en su caso”, la adopción de medidas conforme al artículo 152.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Agencia Española de Protección de Datos.
La Sala de Gobierno aclara que formula la petición a la DGRAJ “constatada la imposibilidad de transmisión segura mediante protocolos criptográficos de encriptación de atestados policiales y diligencias que contienen categorías especiales de datos personales”, y subraya que resulta “especialmente crítica” la “carencia de medios técnicos” para la transmisión cifrada en procedimientos sometidos a secreto sumarial, atestados con material audiovisual relativo a menores de edad víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, pruebas preconstituidas con grabación de menores o personas vulnerables o, documentación que contenga datos relativos a víctimas de violencia de género o personas acogidas en programas de protección.
El texto refundido del Protocolo para la Remisión Telemática de Atestados está a disposición pública en el Portal de Transparencia del TSJC. Puede consultarse en este enlace:
