El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite una demanda que cuestiona, por primera vez en casi cuatro décadas, la legalidad y el funcionamiento del Consejo de la Policía Nacional. El proceso judicial pone bajo el foco las denominadas anomalías estructurales de un órgano que se rige por un reglamento provisional desde hace 38 años. Este consejo es el organismo clave encargado de negociar las condiciones laborales, salariales y profesionales de los agentes de la escala básica y mandos del cuerpo.
La demanda, admitida tras años de quejas por parte de diversas organizaciones representativas, sostiene que el actual sistema tiene graves carencias democráticas y de falta de transparencia en la toma de decisiones. El texto admitido a trámite señala que el mantenimiento de una normativa provisional de forma indefinida ha permitido consolidar estructuras que no responden a los principios de participación real. Al ser el foro donde se dirimen aspectos críticos como las jornadas laborales, los turnos y el régimen disciplinario, cualquier fallo en su composición o funcionamiento afecta directamente a la operatividad y bienestar de los miles de funcionarios que integran la Policía Nacional.
El órgano objeto de examen judicial tiene una composición paritaria entre representantes de la Administración y de los sindicatos policiales elegidos en las urnas. Sin embargo, la instrucción del TSJ de Madrid deberá determinar si, como alegan los demandantes, el Ministerio del Interior ha utilizado este reglamento caduco para limitar la capacidad de negociación de los representantes de los trabajadores. El tribunal ha dado el primer paso para analizar si las normas que regulan las reuniones, las votaciones y la validez de los acuerdos son conformes al ordenamiento jurídico actual o si, por el contrario, deben ser anuladas y sustituidas por un reglamento definitivo.
La resolución del TSJ de Madrid podría obligar a una reestructuración profunda del Consejo de la Policía, forzando al Gobierno a redactar un nuevo estatuto orgánico que termine con la provisionalidad que se arrastra desde 1986. De prosperar la demanda, todas las decisiones adoptadas bajo el marco actual podrían ser revisadas, lo que abriría un escenario de incertidumbre administrativa en el seno de la seguridad del Estado.
