El Tribunal Constitucional ha anulado la condena de una conductora que había sido sentenciada por un delito contra la seguridad vial al conducir bajo los efectos del alcohol. La decisión se basa en la violación de su derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, al haberse realizado la prueba de alcoholemia sin su consentimiento libre y sin una cobertura legal expresa para su traslado a dependencias policiales.
La conductora fue requerida por agentes del Cuerpo Nacional de Policía para detener su vehículo, al observar síntomas evidentes de intoxicación etílica. Ante la imposibilidad de que la Policía Municipal acudiera al lugar para realizar la prueba de alcoholemia, los agentes solicitaron a la conductora que los acompañase a las dependencias de la policía local, donde finalmente se sometió a la prueba, cuadruplicando el límite legal de alcohol en aire espirado.
El juzgado inicial consideró que el traslado se había realizado con el consentimiento de la acusada y que era la opción menos perjudicial, en comparación con la detención por negarse a realizar la prueba. No obstante, el Tribunal Constitucional ha determinado que el consentimiento no fue libre, sino producto de la persuasión constante por parte de los agentes, quienes advirtieron a la conductora sobre la posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia si no aceptaba el traslado.
El TCo subrayó que no existe cobertura legal para un traslado forzoso a dependencias policiales sin una detención formal, la cual no se llevó a cabo en este caso. Por tanto, se consideró que se vulneró el derecho a la libertad personal de la demandante.
La anulación de la condena por parte del Tribunal Constitucional marca un precedente significativo en la protección de los derechos individuales en procedimientos de control de alcoholemia y detenciones.
