En este reino con los juicios y los dictámenes nadie sabe si está asistiendo a un razonamiento jurídico o a una representación teatral donde la verdad —esa alétheia que tanto veneraba Parménides— se disuelve entre sombras, como si estuviéramos atrapados en la caverna de Platón viendo solo siluetas de justicia que nunca terminan de encarnarse. Y en medio de esta confusión helenística, aparece el abogado general del TJUE con su dictamen sobre la Ley de Amnistía, no como un hoplita dispuesto a alzar el escudo, sino como un Eurípides moderno, revelando que los héroes, cuando se acercan demasiado al poder, empiezan a parecerse peligrosamente a los villanos.
Se esperaba que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea irrumpiera como un legionario resuelto a tumbar la Ley de Amnistía, pero lo que llegó fue una caricia jurídica envuelta en formalismo: el abogado general Dean Spielmann concluye que los delitos amnistiables no afectan directamente a fondos europeos y, por tanto, la norma no viola la legislación comunitaria, un gesto que suena a “tranquilos, que los monstruos que veíais no son nuestros”, muy en la línea de los sofistas que calmaban al público mientras escondían la letra pequeña.
Ese dictamen bendice la LOA dentro de un supuesto contexto de reconciliación política y social, insistiendo en que no es una autoamnistía porque excluye violaciones graves, aunque la paz que proclama se tambalea cuando uno lee que el plazo de dos meses para decidir qué causas se amnistían puede asfixiar el control jurisdiccional. Spielmann lo insinúa con la elegancia del que no quiere ofender, pero deja claro —como Aristóteles diseccionando una tragedia defectuosa— que ese tiempo puede ser insuficiente y que limitar la investigación previa a oír solo al fiscal y a la Administración rompe la igualdad de armas, convirtiendo la revisión en un “fast-track” judicial lleno de sombras.
En Canarias, donde las reformas llegan siempre en diferido, el dictamen se observa con una mezcla de resignación y escepticismo: si el Sanchismo lo vende como la gran reconciliación nacional, y clama a sus socios de Junts, en las islas tememos que sea otro capítulo del “ya veremos” con lo vuestro Sr. Clavijo, que a uds aquí solo os representa uno, los otros 14 ni se les ve ni se les espera.
Y a todo esto se suma un elemento que convierte esta ópera institucional en algo todavía más denso: se está a la espera de la sentencia en el juicio al Fiscal General del Estado, García Ortiz, un proceso que podría salvar al Sanchismo.
Con un dictamen europeo que suaviza la amnistía y un fallo pendiente que puede redefinir la continuidad del Gobierno, el país avanza como Edipo hacia Tebas: intentando descifrar el enigma sin comprender que, a cada paso, se estrecha más la tragedia.
Que el abogado general de Europa diga que la ley no vulnera el Derecho de la Unión no convierte la LOA en una obra maestra; simplemente mantiene vivo un proyecto que estira los pilares del Estado de Derecho como un chicle institucional al borde del desgarro. Si esta amnistía quiere ser un gesto histórico, lo mínimo es que no acabe convertida en impunidad con barniz europeo.
Y mientras esperamos la sentencia de García Ortiz y el efecto dominó que pueda desencadenar, una cosa sí está clara: los ciudadanos seguimos reclamando justicia real, no teatro con privilegios clásicos.
