El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado este lunes a Santos Cerdán a prisión preventiva por delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. El juez ha tomado esta decisión, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, después de que el ex secretario de Organización del PSOE solo haya querido contestar a las preguntas de su abogado durante su primera declaración como investigado por el supuesto amaño de obras públicas a cambio de comisiones. La Fiscalía ha basado su petición en el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, a lo que las acusaciones han añadido riesgo de reiteración delictiva por posible blanqueo de capitales. Cerdán, según fuentes del caso, ha negado los hechos de los que se le acusa y ha asegurado estar siendo víctima de una persecución política por haber negociado con Bildu y PNV para la última investidura de Pedro Sánchez.
Cerdán es el primero de los investigados en el Supremo por el supuesto amaño de obras a cambio de mordidas para el que el juez decreta prisión preventiva. El exdirigente socialista ha negado en el Tribunal Supremo haber cobrado cualquier tipo de contraprestación a cambio de favorecer el amaño de obras públicas y ha vinculado las acusaciones contra él a una persecución política por haber negociado con PNV y Bildu la investidura de Pedro Sánchez. Esa versión, según las fuentes consultadas, ha sido determinante para que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, haya reclamado el ingreso de Cerdán en prisión preventiva sin fianza, una petición que ha sido suscrita por las acusaciones populares, unificadas bajo la dirección del PP. Tras su declaración, en la que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, el ex secretario de Organización del PSOE permanece en el Supremo a la espera de que el magistrado Leopoldo Puente decida si lo envía a prisión.
La de este lunes ha sido la primera comparecencia de Cerdán como investigado ante el juez que le ha imputado por la supuesta trama corrupta que tuvo su epicentro en el Ministerio de Obras Públicas durante la etapa de José Luis Ábalos. Según fuentes del caso, el fiscal Luzón ha motivado su petición de prisión preventiva en el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, riesgos a los que las acusaciones populares han sumado el de reiteración delictiva porque Cerdán podría tratar de blanquear dinero.
El exdirigente socialista no ha querido contestar a las preguntas del juez ni de ninguna de las acusaciones, y se ha limitado a responder al interrogatorio que había preparado con su abogado, Benet Salellas. Fuentes del caso señalan que el ex secretario de Organización del PSOE ha defendido su inocencia y ha asegurado que nunca ha cobrado comisiones para sí mismo ni para financiar al PSOE. El exdirigente socialista ha reivindicado su trabajo en el partido para conseguir mayorías suficientes para formar “gobiernos de coalición democráticos”, según detallan las fuentes lo que, asegura, ha motivado las acusaciones contra él.
Cerdán ha negado las conclusiones a las que llegó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe que entregó al juez el pasado 5 de junio y que ha generado un seísmo político que ha hecho tambalearse al Gobierno de Pedro Sánchez. El exsecretario de Organización del PSOE ha rechazado el papel de supuesto “gestor” de las mordidas que le atribuyen los agentes, quienes consideran que repartió con Ábalos y el que fuera asesor de este, Koldo García, las comisiones que recibieron de empresas.
Su abogado le ha preguntado por la escritura privada de compra que la Guardia Civil encontró en la casa del empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar, una sociedad que los investigadores consideran clave de los inicios de la trama en Navarra. Según ese documento, Cerdán compró en 2016 el 45% de la empresa a cambio de 6.000 euros, pero el exirigente socialista ha asegurado que esa operación, aunque se planeó, nunca llegó a formalizarse en escritura pública ni él llegó a abonar la cantidad acordada porque dio marcha atrás.
Cerdán ha argumentado que cuando firmó el documento que encontró la UCO él había pensado en abandonar la política y Antón, con el que ha admitido una relación estrecha de muchos años, le contó que estaba montando una empresa “de vending y seguridad» y le ofreció ser socio. Firmaron el contrato privado, pero su esposa le convenció de que no abandonara la política y que si lo hacía, volviera no se vinculara al mundo de la empresa. Cerdán le dijo a Antxón que no le interesaba entrar en su empresa y, según ha asegurado, le pidió que rompiese el contrato. El exdirigente socialista ha afirmado que nunca ha tenido participaciones ni de esta ni de ninguna otra empresa.
Cerdán sí ha reconocido, no obstante, una relación de amistad con el empresario Antxón Alonso, y ha contado que incluso compartieron piso en sus inicios en Madrid tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias de mayo de 2017. Este ha sido el argumento de Cerdán para rebatir la sospecha de la UCO, que considera que ese piso lo pagó Servinabar para Cerdán a cambio de favorecer que se le adjudicaran contratos. El exdirigente socialista ha asegurado que la vivienda, de una sola habitación y con una cama colocada en el salón, la pagaban entre los dos porque Antxon iba a Madrid dos o tres días a la semana.
Respecto a su relación con Koldo García, Cerdán ha contado que conoció a García en 2010 o 2011, cuando este se presentó en la sede del partido en Pamplona contando que era un escolta prejubilado afiliado a UGT y que tenía interés en afiliarse al PSOE. García creó la agrupación de su pueblo, Ugarte, y se presentó a las elecciones municipales y fue elegido concejal. Según Cerdán, García se comprometió a conseguir compañeros en la zona norte de Navarra donde no era fácil encontrar en esos años personas dispuestas a dar la cara.
