El Tribunal Supremo ha ratificado la legalidad de la entrada y registro en los despachos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, rechazando los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía. La decisión, adoptada por unanimidad por los tres magistrados de la Sala de Apelación, refuerza la tesis de que los fiscales no están exentos de investigación judicial, incluso cuando ocupan altos cargos.
La actuación del instructor, el juez Ángel Hurtado, se centró en esclarecer la presunta filtración de datos reservados sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Este escándalo, que mezcla política y justicia, ha derivado en un intenso debate sobre los límites del poder judicial en la fiscalía, así como sobre la naturaleza de las pruebas utilizadas.
Un registro polémico, pero “necesario”
Desde el inicio del proceso, la Fiscalía y la Abogacía del Estado intentaron anular la orden de registro alegando que suponía una vulneración desproporcionada de derechos fundamentales, especialmente teniendo en cuenta que el delito investigado es una revelación de secretos. Sin embargo, la Sala de Apelaciones ha argumentado que el Supremo no sólo tiene la capacidad de investigar a un aforado, sino que también debe disponer de los mecanismos adecuados para hacerlo.
En este sentido, los magistrados justifican que, de haberse impedido el registro, se habría generado un «ámbito de impunidad» para los fiscales investigados, algo que consideran inaceptable. Además, recalcan que la actuación judicial es «el único medio posible» y que la Fiscalía General del Estado «no tiene una garantía de inmunidad».
Aunque el Supremo respalda la medida, el fallo también reconoce que la primera orden de registro, que abarcaba un periodo de casi ocho meses, fue «excesivamente extensa». Sólo después de las primeras deliberaciones se redujo el marco temporal a una sola semana de marzo, acotando así la intervención. No obstante, los jueces justifican la posibilidad de ampliar la investigación a otros periodos si los indicios lo requiriesen.
Este punto pone en evidencia una constante en este tipo de procedimientos: el debate sobre la proporcionalidad de las actuaciones judiciales cuando afectan a altos cargos institucionales. La decisión del Supremo sienta un precedente en el equilibrio entre la transparencia en la Fiscalía y el respeto a las garantías procesales.
Pese a la controversia, la resolución es firme y no admite recurso, cerrando cualquier posible vía legal para revertir la autorización del registro.
