Santos Cerdán y Leire Díez aparecen en el sumario como los dos cabecillas de una organización creada para sabotear procedimientos judiciales que comprometían al Gobierno y al PSOE. La UCO es explícita: la actividad se desarrolló bajo el respaldo del partido, de forma coordinada y siguiendo una estrategia común. Los agentes van más lejos y apuntan directamente a causas que afectaban al presidente del Gobierno. Cuando Leire hablaba del «one» en sus mensajes, los investigadores concluyen que solo podía referirse a Pedro Sánchez, la única persona que, por su posición, podría ordenar algo a Cerdán. En uno de esos mensajes, Leire afirmaba que las causas sobre hidrocarburos eran la prioridad «por orden del one».
El dinero que movió la trama salió, según la UCO, de las arcas del PSOE. El exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías prestó su empresa para canalizar cuatro pagos de 4.000 euros destinados a remunerar a Leire Díez. Cuando los agentes registraron su domicilio el mismo día que entraron en Ferraz, encontraron 19.850 euros en fajos de billetes unidos con gomas, parte escondidos en un baúl del salón y parte en el vestidor.
De la propia sede del PSOE en Ferraz, la UCO se llevó el ordenador de Cerdán, dos discos duros, siete cajas de documentación guardadas bajo llave en el sótano y facturas de viajes de los principales imputados. Los agentes permanecieron casi trece horas dentro del edificio.
El sumario también recoge cómo la organización utilizó la denuncia de una mujer contra un fiscal anticorrupción por un presunto delito sexual como palanca de presión. La llevaron a Ferraz, conoció a Santos Cerdán, y después Leire Díez se ocupó personalmente de buscarle empleo. En la agenda intervenida a Díez apareció una nota manuscrita que decía: «300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor.»
Una de las declaraciones más comprometedoras es la del exjefe de la UCO, Rafael Yuste. Afirmó que el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ordenó expresamente a la unidad que se pusiera «de perfil» y que no fuera «proactiva» en las causas con afectación política. También denunció que recibieron un oficio del Estado Mayor pidiendo un organigrama con los oficiales que investigaban asuntos vinculados al presidente del Gobierno.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió al menos tres veces con Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025. La UCO considera que en esos encuentros Díez le trasladó información obtenida en el marco de su presunta actividad delictiva y le instó a abrir una investigación interna contra la propia UCO.
El sumario desvela además que la trama pagó algo más de 18.000 euros al medio digital Crónica Libre a través de una campaña publicitaria de las elecciones europeas de 2024, gestionada por Ion Antolín, director de comunicación del PSOE. El objetivo era difundir informaciones favorables al partido bajo lo que los investigadores denominaron «Operación PSOE».
Y el eterno comisario Villarejo también aparece. Leire Díez le ofreció un pacto con la Fiscalía y una reunión con el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a cambio de audios y materiales comprometedores sobre el juez Manuel Marchena, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo. «Las grabaciones pendientes de entrega son realmente explosivas», rezaba uno de los documentos intervenidos.
