Hay una curiosa tendencia, cada vez más ruidosa, a confundir el inicio de un procedimiento judicial con una sentencia firme y, al mismo tiempo, a convertir cualquier decisión judicial incómoda en una conspiración política. Todo depende, claro, de a quién afecte el auto de turno.
La apertura de diligencias previas por la Audiencia Nacional tras la querella presentada contra Zapatero ha activado ese mecanismo automático tan nuestro: unos celebran como si hubiera caído el Muro de Berlín y otros se indignan como si se hubiera consumado un golpe de Estado. Y, entre tanto ruido, casi nadie se detiene a explicar qué significa realmente lo que ocurre y pasa a diario en los órganos judiciales patrios.
Una vez, un antiguo magistrado me comentó -con la serenidad de quien ha visto demasiados sumarios nacer y morir- que las diligencias previas son de “gatillo fácil”, se admiten casi todas; otra cosa muy distinta es que prosperen. Las previas, es la fase embrionaria del proceso, el momento en que el juez no afirma, sino que pregunta; no condena, sino que mira; no sentencia, sino que comprueba. Y si todo sigue adelante lo envía a quien deberá juzgar.
En el caso de Zapatero, el Gobierno ha reaccionado rápido. Quizá demasiado rápido. El ministro Félix Bolaños ha calificado la querella de “disparatada” y ha hablado de “persecución”, de “ciclo del bulo” y de cooperadores necesarios entre medios y oposición. Lo de siempre, ese discurso ya conocido: cuando la Justicia se acerca a los suyos, no se debe investigar, se debe archivar; no se debe preguntar, se debe callar; no se debe examinar, se debe creer. Como lo del fiscal general del Estado, ¿verdad? Pues lo contrario es ultraderecha.
Pero conviene bajar el volumen. Porque aquí no hay todavía ni culpables ni absueltos. Hay algo mucho más prosaico y, a la vez, mucho más sano: un juez que decide mirar a ver qué pasa.
La Audiencia Nacional no ha condenado a Zapatero, ni lo ha imputado, ni ha afirmado que exista delito alguno. Ha abierto diligencias previas y ha acordado pedir a la Fiscalía que informe para saber si es competente y si lo que se denuncia merece, al menos, un examen técnico. Ni más. Ni menos. Y ya sabemos -sin necesidad de bola de cristal- qué informará y dirá la Fiscalía y de quién depende, por lo que Zapatero y los suyos pueden estar razonablemente tranquilos.
Alfonso X el Sabio, hace algún tiempo, entendió algo esencial para cualquier Estado que aspire a durar: la ley no está para adornar el poder, sino para contenerlo. En sus Siete Partidas, – que yo estudié en la carrera- decía que el Derecho no era un arma política, sino un dique frente al caos, una forma de ordenar la realidad antes de que la arbitrariedad se la coma. Investigar no era una afrenta; era una obligación. Y quien se sentía fuerte no temía al examen, porque sabía que la ley, como el tiempo, pone a cada cual en su sitio.
Así que iniciar unas diligencias incomode a los sanchistas es comprensible. Que se intente deslegitimar el procedimiento antes incluso de que empiece, es revelador. Porque si algo debería distinguir a una democracia madura es la serenidad de sus gobernantes ante el control judicial, no el aspaviento ni el victimismo preventivo como lo hacen estos gobernantes.
Zapatero podrá ser muchas cosas: mediador internacional, figura polémica, símbolo de la polarización… pero no es jurídicamente intocable. Y tampoco lo es nadie que haya ocupado La Moncloa. Aunque ya sabemos que todos somos iguales ante la ley… pero no todos lo somos ante ella.
En cualquier caso, el poder, el cargo y el relato son ríos caudalosos, pero todos acaban desembocando en el mismo lugar: el del tiempo y la responsabilidad. Que se lo digan a Maduro.
Por eso la pregunta no es si nos gusta Hazte Oír, ni si simpatizamos con Zapatero, ni siquiera si el caso acabará archivado, como probablemente ocurra.
La pregunta -como me apresuré a decir estos días en redes— es otra, mucho más incómoda y mucho más seria:
¿queremos jueces que investiguen… o jueces que miren para otro lado?
Porque cuando dejamos de tolerar que se investigue, no estamos defendiendo a nadie. Estamos cavando, con bastante ruido y poca cabeza, la tumba del Estado de Derecho. Y por ahora lo único que nos queda es el Poder Judicial.
