El Parlamento Europeo aprobó este miércoles en Estrasburgo una reforma migratoria que endurece de forma significativa las herramientas de control y expulsión de extranjeros en situación irregular, con 418 votos a favor y 218 en contra. La medida más llamativa es la que habilita la creación de centros de deportación fuera del territorio de la Unión Europea.
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, fijó el objetivo de cerrar los primeros acuerdos para la creación de estas estructuras en 2026, de modo que puedan estar operativas en 2027. Grecia ha sido uno de los países más activos en impulsar esta fórmula, siguiendo el modelo de los centros que Italia gestiona en Albania.
La nueva normativa también endurece las condiciones de detención. Quienes estén sujetos a una orden de expulsión y se nieguen a colaborar, sean considerados un riesgo para la seguridad o presenten peligro de fuga podrán permanecer detenidos hasta dos años. Además, las autoridades nacionales tendrán mayores facultades para realizar registros sobre ciudadanos extranjeros, inspeccionar viviendas y confiscar pertenencias personales con el objetivo de garantizar la ejecución de las expulsiones.
