El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado una providencia para bloquear un total de 14 cuentas bancarias pertenecientes a los principales investigados en el caso Hidrocarburos. Esta medida se enmarca en la instrucción sobre el presunto fraude del IVA en la comercialización de combustible, una operativa que habría desviado millonarias sumas de dinero hacia una red de sociedades instrumentales. El objetivo del embargo es asegurar las responsabilidades pecuniarias y evitar la despatrimonialización de los implicados ante un eventual juicio.
La cuenta de mayor cuantía intervenida por orden judicial corresponde a la sociedad Labirinto de Bruma Unipessoal. Se trata de una empresa con sede en Portugal que cuenta con un saldo de 9,97 millones de euros, fondos que han quedado retenidos de forma inmediata tras la notificación a la entidad financiera. Los investigadores consideran que esta firma de origen luso formaba parte del entramado societario utilizado para canalizar los beneficios obtenidos mediante el impago sistemático de impuestos especiales y del valor añadido en la venta de fuel.
Además de este depósito millonario, el juez ha extendido el bloqueo a otras 13 direcciones bancarias distribuidas en diversas entidades. La suma total de los activos embargados en esta fase de la operación busca cubrir parte del agujero fiscal que la Agencia Tributaria estima en el sumario. La investigación policial ha acreditado que la organización operaba mediante la creación de empresas pantalla que desaparecían poco después de realizar las ventas mayoristas, dejando una deuda tributaria que nunca llegaba a satisfacerse.
La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 supone un avance relevante en la vía económica del caso. El bloqueo de estas cuentas no solo limita la capacidad operativa de los investigados, sino que permite rastrear el flujo de capitales hacia el extranjero, donde la red podría haber ocultado otros activos. El magistrado continúa ahora con la toma de declaraciones a los administradores de las sociedades implicadas para determinar el grado de participación de cada uno de los responsables en la estructura delictiva.
