El juez que susurraba a La Moncloa

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Yo no he querido pensar nunca que eso existía. Llámalo fe, resistencia o simple necesidad de no volverse cínico del todo. Pero llega un momento —y ese momento llega, tarde o temprano— en que seguir creyendo es una forma de ingenuidad. Y si algo no cultivo es la ingenuidad. A veces se te cae un mito. Como ahora. A veces cuesta seguir adelante. Sobre todo cuando las evidencias ya no caben bajo la alfombra.

Porque esto, al final, es un club de amiguetes. Si estás en el poder, avanzas. Si no, tabula rasa: a recoger las migas de los que mandan.

Y, sin embargo, y esto lo repito a mis alumnos, discípulos y a cualquiera que dedique tiempo a escucharme o leerme, la justicia debe ser imparcial. Los jueces, están sometidos solo al imperio de la ley. Deben ser independientes, inamovibles. Deben. Esa es la palabra clave. Yo pienso que también son. Para estos pilares fundamentales de todos los que se inician en este arduo oficio de la abogacía, deben seguir pensando en el imperio de la ley. Sin ley no hay paraíso.

Pero, ya ven, en  este Reino de España no todo se filtra. Solo lo que conviene. Y si lo filtra un presidente que lo fue de toda una Audiencia Nacional, lo que conviene, es mirar hacia otro lado y callar, por si acaso.

José Ramón Navarro, presidente de dicha institución desde 2014,  hasta hace relativamente  poco, marzo de este año,  fue noticia la semana pasada y no precisamente por alguna sentencia suya, sino por ser quien informó, antes de que se publicara, la sentencia de Trapero. Según revelaron la semana pasada varios medios de comunicación –me costó asumirlo–  aparece un mensaje de WhatsApp, aparentemente enviado por Navarro, a Ábalos, el ruiseñor que canta en el digital  OK Diario, y este último a Sánchez. Todo apuntaba a que Navarro habría filtrado información sobre la sentencia absolutoria de Trapero antes de su publicación formal.

Un gesto que podría vulnerar los más elementales principios de la prudencia judicial, y hasta constituir un presunto delito de revelación de secretos. Pero como esto no es un juzgado de Arona ni un juzgado de instrucción cualquiera, sino la cúpula togada de la capital del Reino, la reacción institucional ha sido la esperada: café, silencio y algo de polvillo bajo la alfombra. Y es lo que hay, no pasa nada. Aunque Hazte Oír anunció que presentará una querella contra él por revelación de secretos. Y, mientras tanto, sus compañeros en huelga por el asalto de Bolaños al poder judicial. ¿Qué más queda por venir?

Navarro era un perfil de consenso: fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial en 2014. Venía de presidir el  TSJ  de Canarias donde había estado poco tiempo y antes lo había hecho – muy bien, a mi juicio– en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Y llegó con el PP en el Gobierno, y posteriormente mantenido sin discusión por los socialistas. Un magistrado institucional, con habilidades diplomáticas y buen encaje en los salones del poder.

La filtración de la sentencia de Trapero ha abierto una grieta, al menos a mí y, que me conste, a muchos que lo ejemplificaban, que, más que jurídica, es institucional, moral y ética. En la tertulia de este domingo pasado, coincidimos con gente cercana al ex de la Audiencia, y no dan crédito. Entre los tertulianos, uno me hizo un ripio: “Navarro, en el barro”. Que desilusión.  Porque no estamos hablando de una indiscreción de pasillo, sino de la difusión anticipada de una resolución judicial sensible a la sede del poder ejecutivo.

No por canales oficiales, ni en rueda de prensa, ni por error: de forma directa, personal y —todo indica— deliberada en un WhatsApp entre amiguetes que se hace público. Vaya, hombre.

En los últimos años hemos visto cómo se expedienta a jueces por tuitear, por escribir artículos críticos o por conceder entrevistas, cosa que me parece bien, sensata y coherente, acercando el poder judicial al pueblo. Pero filtrar a La Moncloa… eso es otro estándar. Es un disparate. Como diría mi amigo Andrés.

El PP se queja, con la boca pequeña, como siempre y el Gobierno calla, porque estas filtraciones no van con él. Desde el Partido Popular han exigido “explicaciones inmediatas y medidas ejemplares”. Reclaman al CGPJ que abra expediente disciplinario, que actúe con la misma contundencia que tuvo con otros jueces, menos institucionales. Pero el CGPJ, por ahora no ha dicho nada. En la España judicial, el poder no se cuestiona: se protege.

¿Qué pensará Carlos Lesmes, expresidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, que dejó dicho que en España hay una justicia para el robagallinas y que fue uno de los mayores valedores de Navarro durante su nombramiento y renovación? Su respaldo fue constante. Y Manuel Marchena, expresidente de la Sala Segunda del Supremo y figura clave del Poder Judicial en los últimos años, también guarda silencio. Marchena, tan atento siempre al equilibrio institucional. Y tan clarificador en su último libro: “La Justicia amenazada”

Ambos encarnan una visión del poder judicial como órgano de Estado antes que de control. Y este escándalo es exactamente lo contrario: una grieta que muestra que el poder judicial, en lugar de estar separado del Ejecutivo, a veces le sirve de mayordomo y con cierta pleitesía o vasallaje. Lo más preocupante de este caso no es Navarro y sus adelantos de resoluciones sensibles, que esas cosas pasan. Vean una película de Torrente. Lo preocupante es el reflejo de un sistema donde la connivencia entre magistrados y Gobierno ya no escandaliza, sino que se gestiona.

Donde la Fiscalía calla, el CGPJ se esconde, y los amigos del juez prefieren no levantar la voz, no sea que alguien les recuerde los años de palmadas y apoyos mutuos. Así estamos, con toga, con pinganillo y con acceso anticipado a la sentencia.

Mientras tanto, hemos pasado por el 21 Congreso Nacional del PP donde parece que han editado un manual de decencia  –otro brindis al sol–. También podrían editar un manual de elaboración de listas electorales, cómo se hacen y a quiénes colocan. Por el otro lado, el PSOE,  en su comité federal, arruinando a todos aquellos que osan criticar la política de Sánchez u opinar. Todo lo que no sea sanchismo es ultraderecha. Page, en el punto de mira, por discrepar.

Y uno se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí, con jueces que susurran al poder y órganos de control que no controlan.  Parte de la población que te discute que las pensiones, la seguridad social y el subsidio de desempleo es un invento de Sánchez. Una locura. Tal vez la Roma clásica nos dé una pista. Lo escribió Tácito, con la lucidez amarga de quien ya lo había visto todo:

“Corruptissima re publica plurimae leges.”
Cuanto más corrupta es la república, más numerosas son las leyes.

Como si el ruido legislativo tapara las miserias del poder. Como si los principios se enterraran bajo decretos y filtraciones. Mientras Bolaños sigue con su reforma en el Poder Judicial, ya poco le queda para controlarlo de iure, pues de facto queridos lectores, os dejo  de muestra este artículo de opinión, que solo es eso: opinión. En fin.