El juez Juan Carlos Peinado, que lleva más de un año investigando a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha imputado este martes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su presunta implicación en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa. La decisión, que surge tras admitir parcialmente una querella presentada por Vox, cita a Martín a declarar como investigado el próximo 14 de mayo a las 13:30 horas por un posible delito de malversación de caudales públicos.
Martín, quien fue secretario general de la Presidencia entre 2021 y 2023, era el superior jerárquico de Álvarez cuando esta fue contratada en 2018 como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia. Según el auto judicial, el juez considera que Martín pudo participar en el nombramiento de Álvarez para realizar funciones privadas de Gómez con fondos públicos, lo que podría constituir malversación. Álvarez, también investigada, gestionó asuntos relacionados con la cátedra de Transformación Social Competitiva de Gómez en la Universidad Complutense, actividades que no estaban vinculadas a su rol oficial como esposa del presidente.
El juez Peinado, sin embargo, descartó imputar a Gómez y a Álvarez por este mismo delito, argumentando que no hay indicios de que participaran en el nombramiento o en el pago de los emolumentos de la asesora, aunque Gómez sí hizo uso de sus servicios para fines personales. Esta resolución también rechaza atribuir a Martín delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, como solicitaba Vox. La investigación sobre Álvarez incluye correos que revelan su involucramiento en gestiones privadas de Gómez, como la búsqueda de patrocinios para su cátedra, lo que ha generado controversia sobre el uso de recursos públicos.
La imputación de Martín ha avivado el debate político. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien fue interrogado como testigo por Peinado en relación con este caso, criticó la decisión del juez, defendiendo la legalidad de la contratación y recordando que es una práctica habitual que las esposas de los presidentes tengan asistentes, como ocurrió con las de José María Aznar y Mariano Rajoy. Mientras tanto, la oposición, liderada por Vox, insiste en que el caso refleja un uso indebido de fondos públicos, intensificando las críticas al Ejecutivo de Sánchez.
El caso, que ya incluye a otros imputados como el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, sigue expandiéndose, con Peinado solicitando también información a la universidad sobre otra contratación vinculada a Gómez. A medida que se acerca la fecha de la declaración de Martín, la investigación promete mantener la atención pública y política en un asunto que sigue generando tensiones.
