El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz (Toledo) ha abierto diligencias previas para investigar el robo de cableado de cobre que provocó el pasado 4 de mayo el colapso de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, afectando a más de 10.000 pasajeros y una treintena de trenes. Según el atestado preliminar de la Guardia Civil, los hechos responden a un delito de robo con fuerza, descartando así la hipótesis de sabotaje inicialmente planteada por el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El informe de la Guardia Civil sostiene que el modus operandi es similar al de otros robos recientes de cobre perpetrados por bandas organizadas. En este caso, los ladrones sustrajeron aproximadamente 150 metros de cable en varios puntos de la provincia de Toledo, dejando «a ciegas» la vía del tren y obligando a limitar la velocidad a 40 km/h. El valor económico del cobre robado se estima en unos 1.000 euros, pero el impacto en el servicio ferroviario fue considerable.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado que todas las hipótesis siguen abiertas y que se espera el informe definitivo de la Guardia Civil en breve. Mientras tanto, la Guardia Civil continúa investigando el caso, revisando las cámaras de tráfico cercanas al lugar del robo y buscando a los responsables.
Este incidente pone de manifiesto la creciente problemática de los robos de cobre en España, que han aumentado significativamente en los últimos años. En 2024, se registraron más de 4.400 denuncias por este tipo de delitos, un 87% más que seis años antes, siendo Castilla-La Mancha una de las regiones más afectadas.
La investigación sigue en curso para esclarecer todos los detalles del suceso y determinar las responsabilidades correspondientes.
