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Un nuevo capítulo en el controvertido historial del Ministerio de Hacienda bajo el mandato de Cristóbal Montoro ha sido zanjado judicialmente, al menos en parte. El titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, Rubén Rus, ha determinado que no existe delito alguno en que Montoro accediera a información tributaria de figuras como Rodrigo Rato o Juan Carlos Monedero, entre otros.
La resolución judicial, basada en varios autos a los que ha accedido El Mundo, sostiene que el entonces ministro tenía legitimidad para conocer tales datos, al considerar que la dirección de la Agencia Tributaria (AEAT) recae bajo su ámbito de competencias. En palabras del juez, “el ministro de Hacienda está plenamente autorizado para conocer del contenido de las actuaciones de la AEAT”.
Este argumento se apoya en la relación jerárquica dentro del organigrama del ministerio, donde se da por supuesto que el superior político puede estar al tanto de cualquier movimiento, incluso si implica a adversarios políticos y casos con relevancia mediática.
Lo que para el juzgado es una mera «transmisión de información interna» entre el jefe de gabinete del ministro, Felipe Martínez-Rico, y el propio Montoro, para otros podría rozar un uso partidista de los instrumentos del Estado. La comunicación se realizó por correo corporativo, sin pruebas —dice el juez— de que esa información fuera usada para dañar a terceros. Sin embargo, no deja de generar inquietud que los canales de información institucionales permitieran este tipo de flujo sobre personas investigadas sin ninguna garantía adicional.
Pese a que esta parte del caso queda archivada en lo relativo al delito de revelación de secretos, Montoro sigue figurando como investigado en otra línea del procedimiento. En concreto, por las supuestas injerencias de su antiguo despacho, Equipo Económico, en modificaciones legislativas que habrían beneficiado a determinados clientes. Un punto que, aunque menos mediático, podría tener implicaciones jurídicas de mayor calado.
Por ahora, el juez únicamente ha aceptado al PSOE como acusación popular en el proceso. El resto de afectados, cuyas declaraciones fiscales fueron objeto de escrutinio y envío interno, han visto rechazadas sus solicitudes de personación.
La resolución puede considerarse un alivio judicial para Montoro, pero también plantea interrogantes sobre los límites del poder institucional. ¿Dónde termina la jerarquía funcional y dónde comienza el uso político de información sensible? La legalidad, en este caso, parece clara. Pero la ética administrativa y la confianza en la neutralidad del Estado salen, una vez más, maltrechas.
