El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros para intervenir el mercado del alquiler ante la inestabilidad económica derivada de la guerra en Irán. La nueva normativa, que entrará en vigor hoy, establece un marco de protección excepcional para los inquilinos con el objetivo de contener la inflación y garantizar la estabilidad residencial de las familias durante el periodo de crisis en Oriente Próximo.
La medida central del decreto es la prórroga extraordinaria de hasta dos años para todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que venzan entre la fecha actual y el 31 de diciembre de 2027. Esta extensión será obligatoria para el arrendador siempre que el inquilino lo solicite, manteniendo las mismas condiciones y términos del contrato vigente. El Gobierno justifica esta intervención como una herramienta de seguridad jurídica frente a la incertidumbre financiera que ha provocado el conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero.
Asimismo, el Ejecutivo ha impuesto un límite estricto del 2% a la actualización anual de las rentas. Esta desvinculación del Índice de Precios de Consumo busca evitar que el encarecimiento de la energía y los combustibles se traslade directamente al coste del alojamiento. El tope será aplicable a todos los contratos que deban ser revisados en el periodo indicado, independientemente de que el propietario sea un gran tenedor o un pequeño arrendador, aunque se contemplan mecanismos de compensación específicos para estos últimos si demuestran vulnerabilidad económica.
Este plan de choque se suma a otras medidas de urgencia adoptadas por el Gabinete de Pedro Sánchez para amortiguar el impacto de la guerra en el mercado nacional. La publicación en el BOE activa de forma inmediata un escudo social que busca frenar la espiral de precios en el sector inmobiliario donde el acceso a la vivienda se considera una prioridad estratégica de seguridad nacional. Los agentes del sector ya evalúan el alcance de esta normativa, que supone la intervención más profunda en el mercado del alquiler de las últimas décadas.
