La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su disputa con la Universidad de Harvard al ordenar a las agencias federales la cancelación de aproximadamente 100 millones de dólares en contratos vigentes con esta prestigiosa institución de la Ivy League, según una carta de la Administración de Servicios Generales (GSA) emitida el martes. Esta medida representa un paso significativo para cortar los lazos financieros del gobierno federal con Harvard, tras la congelación previa de más de 3,200 millones de dólares en subvenciones y contratos.
La directiva, firmada por Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio de Adquisiciones Federales de la GSA, ordena a las agencias revisar y terminar los contratos con Harvard o trasladar los servicios críticos a otros proveedores antes del 6 de junio. La carta cita acusaciones de prácticas discriminatorias, incluyendo discriminación racial en las admisiones y la falta de acción frente al antisemitismo en el campus, como razones para esta decisión. También señala el incumplimiento de Harvard con regulaciones federales, como las establecidas en el Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR), que enfatiza la conducta ética y el cumplimiento legal.
El conflicto de la administración con Harvard comenzó a principios de este año, con medidas que incluyen la terminación de casi 3,000 millones de dólares en subvenciones de investigación federales y un intento de revocar la capacidad de la universidad para inscribir estudiantes internacionales, que representan aproximadamente el 27% de su alumnado. Harvard ha respondido con demandas legales, incluyendo una presentada en abril que desafía la congelación de fondos y otra que resultó en una orden de restricción temporal el viernes, bloqueando la revocación de su certificación para la inscripción de estudiantes internacionales.
El presidente de Harvard, Alan Garber, ha criticado públicamente las acciones de la administración, argumentando que no solo perjudican a la universidad, sino también a investigaciones críticas que benefician al público. “Los fondos que se destinan a las universidades de investigación en forma de subvenciones y contratos se utilizan para realizar trabajos solicitados por el gobierno”, declaró Garber a NPR. Subrayó que cortar estos fondos podría dañar los intereses nacionales al paralizar investigaciones de alta prioridad.
Entre los contratos bajo revisión se encuentran un acuerdo de 527,000 dólares para licencias de Harvard ManageMentor, un contrato de 523,000 dólares para investigaciones sobre bebidas energéticas y resultados de salud, y un contrato de 39,000 dólares para servicios de investigación de estudiantes de posgrado. Aunque los contratos críticos no se cancelarán de inmediato, se alienta a las agencias a buscar proveedores alternativos para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
Las acciones de la administración han generado fuertes críticas. La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, describió la cancelación de contratos como “un ataque a la investigación vital y transformadora que se realiza en Harvard” y una amenaza más amplia contra las instituciones que desafían las políticas de la administración. Por otro lado, algunos republicanos en el Capitolio apoyan la medida, argumentando que aborda preocupaciones sobre el supuesto sesgo liberal de Harvard y su falta de protección a estudiantes judíos frente al acoso.
Esta escalada resalta las profundas divisiones políticas entre la administración Trump y las instituciones académicas de élite. A medida que se acerca la fecha límite del 6 de junio, el resultado de las batallas legales de Harvard y las implicaciones más amplias para el financiamiento federal de la educación superior siguen siendo inciertos.
