El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo Real Decreto destinado a blindar el acceso al Sistema Nacional de Salud para todas las personas extranjeras que residen en España, con independencia de su situación administrativa. La norma suprime de manera definitiva los obstáculos burocráticos que todavía persistían para aquellos inmigrantes que no cuentan con una autorización de residencia legal, consolidando por ley el modelo de sanidad universal que el Ejecutivo ha buscado blindar durante la legislatura.
El núcleo de la nueva regulación establece que el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria será equivalente al de la población española desde el momento de la llegada al territorio nacional. Hasta ahora, la falta de una documentación uniforme y la interpretación dispar de la normativa por parte de algunas comunidades autónomas generaban situaciones de exclusión o dificultades para obtener la tarjeta sanitaria. Con este decreto, se simplifican los requisitos de empadronamiento y estancia mínima, asegurando que la atención primaria y especializada no dependa de la tenencia de un permiso de residencia en vigor.
La medida aprobada hoy también contempla la gratuidad en la prestación farmacéutica para aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad económica, aplicando los mismos criterios de copago que rigen para los ciudadanos españoles con bajos ingresos. El Ministerio de Sanidad ha defendido que esta reforma no solo responde a una cuestión de derechos humanos y justicia social, sino que representa una medida de salud pública esencial. Al integrar a toda la población residente en el sistema de seguimiento y prevención, se facilita el control de enfermedades transmisibles y se descongestionan las urgencias hospitalarias, que eran a menudo el único punto de acceso para este colectivo.
Este Real Decreto llega tras varios años de litigios judiciales y recomendaciones de organismos internacionales que instaban a España a recuperar la universalidad plena perdida en reformas anteriores. El texto especifica que el acceso se realizará mediante la emisión de un documento sanitario certificado que será válido en todo el territorio nacional, evitando que los cambios de residencia entre comunidades autónomas supongan la pérdida de la asistencia. Con esta aprobación, el Gobierno cierra un ciclo legislativo orientado a desvincular la atención médica del estatus migratorio, situando a España de nuevo en la vanguardia de los sistemas públicos de salud europeos.
