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Lo que comenzó como una afirmación contundente de “sabotaje” por parte del Gobierno ha derivado en un discurso mucho más prudente, en el que ahora se insiste en que “no se descarta ninguna hipótesis”. La falta de evidencias contrastadas y una investigación aún en curso ponen en entredicho la precipitación con la que se lanzaron las primeras declaraciones tras el colapso ferroviario que afectó a más de 10.000 viajeros en la línea AVE Madrid-Sevilla.
La respuesta inicial fue inmediata y alarmante. Sin esperar los resultados de la investigación de la Guardia Civil, el ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuyó el suceso a un sabotaje coordinado. Un discurso que encontró eco en varios sectores del Gobierno y que reforzó la idea de una intencionalidad dañina en el robo de cable de cobre. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas y se conocía que el robo en sí era la principal línea de investigación policial, los mensajes oficiales comenzaron a rebajarse con cautela.
Lejos de rectificar de manera explícita, el Ejecutivo ha optado por una estrategia de dilución retórica. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, evitó pronunciar el término “sabotaje” y apeló a la investigación abierta como argumento para mantener todas las hipótesis sobre la mesa. La propia Moncloa reconoce en privado cierta precipitación, aunque sin asumir responsabilidades sobre el impacto generado por un mensaje lanzado sin el respaldo de pruebas concluyentes.
Esta gestión recuerda al episodio reciente del apagón eléctrico, en el que también se lanzaron conjeturas antes de tener una explicación técnica clara. En ambos casos, el patrón se repite: el Ejecutivo lanza un relato inicial cargado de intencionalidad, para después matizarlo bajo el paraguas de la prudencia.
Por su parte, el propio ministro Puente ha reformulado sus declaraciones. Donde antes había certeza, ahora hay posibilidad. «Hay dos hipótesis abiertas», aseguró, admitiendo que el robo pudo responder a una lógica económica, a pesar de que el valor del cable sustraído fuera limitado. El viraje discursivo, sin embargo, no es completo: Puente insiste en que el conocimiento técnico de los autores sugiere que “sabían perfectamente las consecuencias” de su acto, lo que, en su opinión, justificaría seguir hablando de sabotaje en un sentido amplio.
La contradicción también ha salpicado a Sumar. La formación de Yolanda Díaz, que en un primer momento respaldó sin ambages la teoría del sabotaje, ha optado ahora por el silencio estratégico. Díaz apeló al “principio de prudencia” y se negó a calificar los hechos sin tener los resultados definitivos de la investigación. Un tono muy distinto al que empleó su portavoz, Ernest Urtasun, que el día anterior asumía la tesis del sabotaje como propia.
Desde Compromís, integrado en Sumar, se ha exigido directamente que Puente aporte pruebas antes de seguir haciendo afirmaciones tan graves. Para Àgueda Micó, el foco debe estar ahora en implementar medidas que eviten que este tipo de incidentes puedan repetirse, más que en alimentar discursos sin base.
La evolución del relato oficial evidencia un problema recurrente en la comunicación de crisis: la necesidad de ofrecer explicaciones inmediatas que calmen a la opinión pública, aunque sea a costa del rigor informativo. El resultado, en este caso, ha sido una escalada de tensión que podría haberse evitado con mayor contención y respeto por los tiempos de la investigación. Una vez más, el daño a la credibilidad está hecho.
