Apenas tres meses después de su pomposa aprobación, el embargo de armas a Israel ha sufrido su primera grieta oficial. El Consejo de Ministros, aprovechando la discreción de la semana navideña, ha dado luz verde a la primera excepción del veto que el Congreso ratificó el pasado 8 de octubre. Esta decisión permite a la multinacional aeronáutica Airbus importar componentes tecnológicos israelíes esenciales para la fabricación de aeronaves en suelo español.
La medida se sustenta en una cláusula de salvaguarda incluida en el real decreto original, que permite levantar las restricciones cuando existan intereses nacionales en juego. Según fuentes gubernamentales, la negativa a esta importación ponía en riesgo la continuidad de programas estratégicos como el A400M o el SIRTAP, lo que habría conllevado la pérdida de miles de empleos y el traslado de la carga de trabajo a otros países europeos.
La decisión ha reabierto las heridas en el bloque de investidura. Podemos, cuyos cuatro votos fueron decisivos para convalidar el decreto in extremis en octubre, ya advirtió entonces de que la norma era un coladero. La líder de la formación, Ione Belarra, ha vuelto a calificar la medida de embargo falso, denunciando que las excepciones técnicas están sirviendo para vaciar de contenido la postura política de España frente al conflicto en Gaza.
Desde el Ministerio de Defensa, Margarita Robles ha defendido la legalidad de la excepción, argumentando que no vulnera el espíritu de la desconexión militar con Israel, sino que responde a una necesidad industrial de primer orden. La ministra sostiene que estos componentes son piezas de terceros países que integran tecnología israelí sin alternativa inmediata, y que bloquearlos supondría un daño irreparable para la autonomía estratégica de España.
Esta primera excepción marca un precedente delicado. Lo que en septiembre se anunció como un gesto de liderazgo internacional para presionar al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, se enfrenta ahora a la realidad de una industria de defensa global profundamente interconectada. Con esta autorización, el Gobierno intenta equilibrar su retórica diplomática con el mantenimiento del músculo industrial en Sevilla y Getafe, aunque a costa de la cohesión con sus socios de izquierda.
