El Gobierno de España firmó de madrugada una resolución que autorizaba el fondeo forzoso del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) después de que el presidente canario Fernando Clavijo comunicara su veto expreso a la entrada de la embarcación. Sin negociación previa, sin coordinación con las instituciones autonómicas e insulares, y sin un protocolo claro sobre qué pasaría si la crisis se complicaba. El resultado: uno de los choques institucionales más crudos entre Canarias y el Estado en los últimos años.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, describió lo que vivió en las reuniones con los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Mónica García (Sanidad) sin paños calientes: «Extremadamente tensa», «soberbia absoluta», «unilateral y desleal». El Cabildo denunció que el Gobierno central actuó ignorando las propuestas de las instituciones canarias para reforzar las garantías sanitarias, imponiendo sus decisiones sin dar explicaciones y sin ofrecer documentación que respaldara sus elecciones.
En el lado opuesto del espejo, Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y exministra de Sanidad, afirmó este lunes que Canarias se ha convertido en «un referente mundial en la gestión del brote de hantavirus». Lo dijo en el Foro Canarias7, elogiando la «robustez» del sistema sanitario. La misma gestión que sus colegas de partido describían en Madrid como una operación perfectamente coordinada, y que desde el Cabildo de Tenerife se vivió como una imposición.
El desembarco de los 144 pasajeros del Hondius —de 19 nacionalidades distintas— se completó este fin de semana en Granadilla de Abona de forma escalonada, con mascarillas FFP2 y protocolos sanitarios. Tres personas han muerto vinculadas al brote desde que el barco partió de Argentina el pasado mes. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado a todos los que viajaban a bordo como «contactos de alto riesgo» y recomienda seguimiento durante 42 días. Francia confirmó que uno de sus cinco ciudadanos repatriados presentó síntomas durante el vuelo de regreso a París. Estados Unidos reportó al menos un positivo confirmado.
Con la operación casi cerrada, la ministra Mónica García la calificó de «éxito». Clavijo, en cambio, aseguró que el Gobierno de Canarias no romperá relaciones con el Ejecutivo central, pero dejó claro que espera explicaciones. Una tensión que no se resolverá con ruedas de prensa.
Lo que queda sin responder: quién asume la factura sanitaria de una crisis internacional que Canarias no pidió gestionar. Qué ocurrirá si alguno de los pasajeros dispersados por 23 países desarrolla síntomas graves. Y cómo queda la confianza institucional entre el Gobierno autonómico y el Estado después de que este último impusiera por decreto lo que primero negoció y luego ignoró.
