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El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, lanzó este jueves una acusación de enorme calado político y diplomático: señaló directamente al Gobierno de Nicolás Maduro de colaborar con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar “cantidades récord de cocaína” a los carteles mexicanos que operan la ruta hacia Estados Unidos.
La declaración, difundida desde Washington y replicada en distintos medios internacionales, refuerza la línea más dura de la Casa Blanca contra Caracas y coloca a Venezuela en el centro de una disputa regional que mezcla geopolítica, crimen organizado y viejas rivalidades ideológicas.
Cole, que asumió la dirección de la DEA hace apenas un mes, no se limitó a describir rutas de tráfico. Habló de “alianzas operativas” entre el ELN y facciones armadas dentro de Venezuela, y apuntó incluso a la complicidad del aparato estatal. El funcionario llegó a calificar al país caribeño de “Estado narcoterrorista”, un término que Washington ha utilizado en contadas ocasiones y que marca un endurecimiento del discurso.
Aunque la DEA no ofreció cifras concretas que respalden la afirmación de “cantidades récord”, Cole aseguró que el flujo actual de cocaína hacia Estados Unidos alcanza niveles “sin precedentes” y que Venezuela se ha convertido en un punto neurálgico de exportación.
Las acusaciones no surgen de la nada. Durante años, distintos informes han señalado que la frontera colombo-venezolana, una de las más porosas de Sudamérica, sirve de corredor para el tráfico de drogas. El ELN, que mantiene presencia activa en el territorio venezolano, y las disidencias de las FARC se han asentado en esas áreas con la tolerancia —o incluso la colaboración— de autoridades locales, según coinciden fuentes de inteligencia estadounidenses y colombianas.
Al mismo tiempo, los cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, controlan el tramo más lucrativo de la cadena: el acceso al mercado estadounidense. La supuesta alianza triangular —guerrillas colombianas, logística venezolana y distribución mexicana— es, según Cole, el esqueleto de un negocio que mueve miles de millones de dólares al año.
Hasta la noche del jueves, el Gobierno venezolano no ha respondido oficialmente a las acusaciones. Tradicionalmente, Caracas rechaza de plano este tipo de señalamientos y denuncia que forman parte de una “guerra mediática” impulsada por Washington para justificar sanciones y aislar al país en el plano internacional.
El ELN, por su parte, tampoco se pronunció. La guerrilla mantiene un delicado proceso de negociación con el Gobierno colombiano y evita confirmar públicamente sus movimientos fuera del territorio nacional.
Las palabras de Cole coinciden con un repunte de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. En las últimas semanas, la Casa Blanca ha anunciado el refuerzo de operaciones marítimas en el Caribe y ha reiterado que mantiene “todas las opciones sobre la mesa” frente al régimen de Maduro. Analistas consideran que Washington busca no solo frenar los flujos de droga, sino también presionar en el tablero político interno venezolano, en un año marcado por protestas sociales y dificultades económicas.
La figura de Terry Cole está en pleno ascenso dentro del aparato federal. Su nombramiento como administrador de la DEA en julio le ha convertido en una de las caras visibles de la política antidrogas estadounidense. La contundencia de sus palabras también se interpreta como un mensaje hacia dentro: en un país golpeado por la crisis del fentanilo y con el narcotráfico en el centro del debate político, mostrar firmeza frente a enemigos externos es una carta de alto valor simbólico.
