El órgano europeo encargado de supervisar la vigencia de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho ha emitido un contundente comunicado en el que expresa su alarma por la situación política y judicial en España. Las ponentes designadas para evaluar la calidad democrática del país han advertido de que el respeto a las decisiones judiciales es “un principio fundamental” que no puede verse comprometido por la presión política o mediática.
La nota —firmada por las especialistas Elvira Kovács y Valentina Grippo, miembros de la misión de seguimiento enviada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa— llega pocos días después de que el Tribunal Supremo condenara al entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. La repercusión del caso ha desatado acusaciones de sesgo político hacia la Justicia, generando una grave crisis de confianza institucional.
En su declaración, las ponentes subrayan que la polarización política —y las críticas dirigidas por miembros del Gobierno o de su mayoría parlamentaria contra sentencias judiciales— suponen un riesgo real para la separación de poderes. Insisten en que ningún actor político debería intentar desacreditar fallos judiciales con argumentos partidistas, algo que —según advierten— puede erosionar la legitimidad del sistema judicial y debilitar los mecanismos de control democrático.
La misión del Consejo de Europa, que visitó Madrid y Barcelona entre el 12 y el 14 de noviembre, abordó además otras preocupaciones estructurales: el uso de softwares de vigilancia, la reforma de las leyes de justicia, las tensiones en el sistema de nombramientos judiciales y las demandas de transparencia en procesos clave. El documento final de esa visita servirá para elaborar un informe en el primer semestre de 2026, que evaluará si España cumple con sus obligaciones en materia de Estado de Derecho.
Para muchos, se trata de una señal de alerta externa que no puede ignorarse: la legitimidad de las instituciones depende de la confiabilidad que sus ciudadanos —y sus socios europeos— depositen en ellas.
