El Gobierno de coalición ha sumado este jueves un nuevo revés parlamentario después de que el Congreso de los Diputados rechazara, por segunda ocasión, el decreto de medidas sociales presentado por el Ejecutivo. La norma, que había sido fragmentada en un intento de facilitar su aprobación tras un primer fracaso en la cámara, no ha logrado recabar los apoyos necesarios para salir adelante. El bloque de la oposición, junto con algunos socios habituales de investidura, ha votado en contra de un texto que mantenía los puntos más polémicos en materia de vivienda.
El rechazo se ha centrado en las disposiciones que, según los grupos de la oposición, favorecen a los okupas al dificultar los procesos de desalojo y exigir requisitos adicionales a los propietarios para recuperar sus inmuebles. Estas medidas, que ya habían sido señaladas en la anterior votación como una línea roja para formaciones como el Partido Popular, Vox y el PNV, fueron reintroducidas por el Gobierno en esta nueva versión del decreto, lo que ha provocado que el resultado final fuera idéntico al del primer intento.
A pesar de que el decreto incluía también la prórroga de diversas ayudas sociales y bonificaciones al transporte, el debate en el hemiciclo ha estado monopolizado por la política de vivienda. Desde el Ejecutivo se ha defendido que estas medidas buscan proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios, mientras que los detractores de la norma consideran que se está trasladando la responsabilidad de la vivienda pública a los pequeños propietarios y generando inseguridad jurídica. La fragmentación del decreto original en varias piezas no ha servido para convencer a los partidos que exigían la retirada total de los artículos relacionados con la protección de los ocupantes ilegales.
Esta derrota parlamentaria deja en el aire la continuidad de varias de las medidas anticrisis que expiraban este mes, obligando al Gobierno a buscar una nueva estrategia legislativa o a negociar de urgencia una normativa alternativa. La falta de consenso evidencia una vez más la fragilidad de la mayoría parlamentaria en la que se apoya el Ejecutivo y la dificultad de sacar adelante reformas estructurales en temas sensibles como el derecho a la propiedad y el acceso a la vivienda.
