Los Veintisiete han dado este viernes un paso histórico al aprobar por mayoría cualificada la firma del acuerdo comercial con Mercosur, poniendo fin a 26 años de complejas negociaciones. La decisión, respaldada con firmeza por el Gobierno español, ha actuado como un detonante inmediato en las carreteras de España, donde miles de agricultores y ganaderos han retomado las protestas al sentirse utilizados como moneda de cambio frente a otros intereses industriales de la Unión Europea.
El tratado, que afecta a las relaciones comerciales con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, dibuja un escenario de contrastes para la economía española. Por un lado, el aceite de oliva, los vinos y el sector porcino ven en este pacto una oportunidad sin precedentes para acceder a un mercado de más de 270 millones de consumidores, con ahorros estimados en 4.000 millones de euros anuales para las empresas europeas.
Sin embargo, para el sector primario, la lectura es mucho más amarga. Las organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA han calificado la decisión de traición, alertando de que el acuerdo abre la puerta a una competencia desleal. El foco del descontento se centra en la ganadería de vacuno y la producción de azúcar y miel, que deberán competir con importaciones sudamericanas producidas bajo normativas ambientales y sanitarias mucho más laxas que las europeas.
Durante toda la jornada de ayer, se han registrado tractoradas y cortes de carreteras en puntos estratégicos de Cataluña, Navarra y el País Vasco. Los manifestantes exigen la aplicación de cláusulas espejo que garanticen que los productos importados cumplen los mismos estándares de seguridad alimentaria que se exigen en España, denunciando que la entrada masiva de carne de bajo coste podría suponer la puntilla definitiva para miles de explotaciones familiares.
Ante el clima de crispación, la Comisión Europea ha introducido mecanismos de salvaguarda que permiten reintroducir aranceles de forma rápida si se detectan distorsiones graves en el mercado, reduciendo el umbral de activación del 10 % al 5 %. Pese a estas garantías, el conflicto se traslada ahora al Parlamento Europeo, donde el texto deberá ser ratificado en una votación que se prevé de alta tensión política antes de su entrada en vigor definitiva.
