Hay algo profundamente enternecedor en ciertos discursos proteccionistas. Poseen la misma lógica que quien amenaza con prohibir la lluvia porque ha olvidado el paraguas. El político se sube al atril, señala un mapa con gesto militar y proclama que castigará económicamente a un país entero.
Donald Trump lleva años cultivando esa estética del poder omnímodo: la convicción de que basta una orden presidencial para que los flujos comerciales y las decisiones de millones de empresas privadas se cuadren como soldados en un desfile. Es una visión del mundo tan cinematográfica como incompatible con la realidad. España, por mucho que algunos quieran convertirla en protagonista exclusiva de una disputa comercial, no negocia bilateralmente su política arancelaria con Estados Unidos, sino que lo hace como Estado miembro de la Unión Europea.
Washington mantiene una relación comercial con un mercado integrado de cientos de millones de consumidores. Pretender aislar unilateralmente a España mediante un bloqueo comercial equivaldría a intentar retirar una sola carta de un castillo sin tocar las demás, por lo que quien quiera librar una guerra arancelaria contra España descubrirá rápidamente que antes tendría que enfrentarse al entramado jurídico y económico europeo.
Y ahí empieza la verdadera comedia. El populismo económico imagina que los gobiernos crean riqueza y que los mercados simplemente obedecen. La realidad es exactamente la inversa. Son millones de decisiones privadas las que sostienen el comercio internacional. Ningún presidente fabrica automóviles, transporta contenedores, financia inversiones, diseña microchips o decide dónde instalar una planta industrial, sino empresas, inversores y consumidores que responden a incentivos fiscales, no a discursos de campaña. Cuando un gobernante anuncia con solemnidad que castigará comercialmente a otro país, suele olvidarse de un pequeño detalle: también castiga a sus propias empresas.
Los fabricantes estadounidenses compran componentes europeos porque los necesitan, no porque Bruselas les obligue. Los importadores adquieren productos españoles porque alguien está dispuesto a pagarlos tras reparar en que existe una necesidad que su compra satisface. Los consumidores, en este caso cada uno de los núcleos atómicos del tejido empresarial privado que constituye la conexión económica entre ambas naciones, eligen aquello que consideran poseedor de una mejor relación calidad-precio, una costumbre profundamente molesta para quienes creen que la economía debería obedecer a consignas políticas.
Es la vieja arrogancia del intervencionismo, solo que envuelta en barras y estrellas. El libre mercado posee una virtud especialmente irritante para los amantes del poder: apenas reconoce fronteras ideológicas. Las cadenas globales de suministro no distinguen entre discursos patrióticos y ruedas de prensa grandilocuentes. Siguen la eficiencia, la rentabilidad y la confianza jurídica. Variables infinitamente menos épicas, pero económicamente más razonadas.
Por supuesto, eso no significa que Estados Unidos carezca de herramientas comerciales, que de hecho tiene de sobra. Puede imponer determinados aranceles, abrir investigaciones o iniciar disputas comerciales dentro del marco legal correspondiente. Pero existe una distancia considerable entre utilizar instrumentos de política comercial y vender la fantasía de un bloqueo total contra un país sólidamente integrado en uno de los mayores mercados del planeta.
El problema del proteccionismo contemporáneo no es únicamente económico; es teatral. Necesita construir enemigos visibles para ocultar mecanismos invisibles, de lo que se desprende el que culpar a un país extranjero siempre resulte más sencillo que explicar por qué una empresa deslocaliza producción, por qué los costes aumentan o por qué los consumidores prefieren productos más competitivos. La culpa siempre viene de fuera. Nunca de la hiperregulación comercial interna, de la pérdida de competitividad o de la incapacidad para innovar.
Resulta curioso que quienes más hablan de soberanía económica sean precisamente quienes menos confían en la capacidad intrínsecamente humana de sus propios ciudadanos para comerciar libremente. La gran ironía es que el mercado, ese viejo anarquista de los economistas clásicos, suele desobedecer incluso a los gobiernos más poderosos, por la sencilla razón de que los números escapan las palabras. Cada arancel genera rutas alternativas, nuevos proveedores, inversiones distintas y oportunidades inesperadas. La política levanta muros; el comercio encuentra puertas con que traspasar los muros levantados. Quizá por eso los anuncios maximalistas producen tantos titulares y tan pocos resultados. Al final, la realidad posee un sentido del humor particularmente cruel en contra de los dirigentes que creen gobernar la economía mundial mediante decretos.
Descubren demasiado tarde que los mercados no votan, no aplauden y, sobre todo, no hacen caso a los discursos. Simplemente siguen comerciando.
