⏱ 3 min de lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que las Fuerzas Armadas de su país llevaron a cabo un nuevo ataque en aguas internacionales del Caribe, en el que murieron tres personas a bordo de una embarcación que, según la versión oficial, transportaba narcóticos ilegales desde Venezuela con destino a territorio estadounidense. El propio mandatario informó de la operación a través de su perfil en Truth Social, donde aseguró que se trataba de un “segundo ataque cinético” contra lo que calificó como “cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos” en el área de responsabilidad del Comando Sur. El mensaje estuvo acompañado de un vídeo de unos treinta segundos en el que se aprecia una lancha explotando en alta mar.
El ataque se produce apenas dos semanas después de una operación similar que acabó con la muerte de once personas en circunstancias parecidas, y que Washington vinculó entonces con la organización criminal conocida como Tren de Aragua. La nueva acción, enmarcada en la campaña antidroga que Trump ha convertido en eje de su agenda de seguridad nacional, refuerza la narrativa del presidente sobre la necesidad de combatir lo que denomina “un arma mortal que envenena a estadounidenses”. No obstante, la falta de detalles sobre la identidad de las víctimas, la naturaleza exacta de la droga incautada y la justificación legal para emplear la fuerza en aguas internacionales han provocado un creciente debate.
Venezuela, por ahora, no ha emitido una reacción oficial inmediata, aunque el presidente Nicolás Maduro ya había denunciado semanas atrás que Estados Unidos utilizaba la lucha contra el narcotráfico como pretexto para perpetrar agresiones militares y debilitar a su Gobierno. Desde Caracas se insiste en que estas operaciones constituyen violaciones del derecho internacional y actos de hostilidad encubiertos bajo un discurso de seguridad.
La Casa Blanca justifica la intervención en clave de defensa nacional. Trump insiste en que las organizaciones criminales que operan desde Venezuela constituyen una “amenaza directa” para Estados Unidos y asegura que las fuerzas bajo mando del Comando Sur seguirán actuando para impedir la entrada de drogas. La operación contiene un despliegue más amplio en la región caribeña, que incluye buques de guerra, aeronaves F-35 y refuerzo de bases militares en islas aliadas.
El episodio aumenta la tensión en una zona ya marcada por la confrontación diplomática entre Washington y Caracas y coloca a otros países latinoamericanos ante la incómoda disyuntiva de respaldar la ofensiva antidroga estadounidense o denunciar posibles vulneraciones del derecho internacional.
