Estados Unidos se hará con el control de más del 20% de las reservas de petróleo de Venezuela en virtud del acuerdo firmado el pasado 28 de agosto, mientras el presidente Donald Trump asegura que su país «gobernará» el crudo venezolano de forma prácticamente indefinida. El pacto, presentado por Washington como «el mayor acuerdo petrolero de la historia», combina un alcance contractual concreto con una retórica mucho más ambiciosa por parte del mandatario estadounidense.
El convenio contempla el desarrollo de 17 campos que suman unos 65.000 millones de barriles, algo más de una quinta parte de las reservas venezolanas, las mayores del mundo. Esos yacimientos se asignaron a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), en la que el Pentágono ha obtenido una participación del 35%. Al frente de la compañía figura el empresario Alejandro Betancourt, investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Trump ha ido mucho más lejos que la letra del acuerdo en sus declaraciones públicas. El presidente afirmó que Estados Unidos «gobernará» Venezuela y controlará «indefinidamente» sus ventas de petróleo, y justificó la operación con el argumento de que «hace años» el país sudamericano «nos quitó el petróleo» y «robó nuestros activos», en alusión a la nacionalización de la industria petrolera que Hugo Chávez profundizó a partir de 2007. Portales de verificación han calificado ese relato de «simplificación excesiva» de lo ocurrido entonces.
Caracas ofrece una versión muy distinta sobre quién manda ahora en su petróleo. La ministra de Petróleo, Paula Henao, subrayó que Venezuela mantiene «el control y la propiedad» de sus recursos, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, insistió en que el país conserva «la propiedad y la soberanía» sobre el crudo. El Gobierno venezolano presenta el acuerdo como una fórmula para combinar la titularidad estatal con el capital, la tecnología y la experiencia de empresas extranjeras, con el fin de recuperar una industria dañada por las sanciones y el deterioro de su infraestructura.
El presidente de PDVSA, Héctor Obregón, detalló que el contrato es tripartito y está firmado por 25 años, aunque puede renovarse «por períodos similares» durante el tiempo que sea necesario. «Esperemos, por el bienestar de Venezuela, que el petróleo continúe siendo fuente durante 100 años», declaró. El acuerdo llegó acompañado de la firma de convenios con energéticas como Chevron y Eni, en un movimiento con el que Caracas busca atraer inversiones para elevar su producción.
Venezuela bombea de media 1.236.000 barriles diarios y aspira a alcanzar 1,5 millones, una cifra muy alejada de los 3,1 millones que producía en 1998, el año previo a la llegada del chavismo al poder. Analistas venezolanos advierten de que, aunque las inversiones podrían mejorar algunos indicadores económicos incluso antes de aumentar la extracción, las demandas sociales seguirán presentes si esa recuperación se estanca.
