El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral, pero su futuro parlamentario está lejos de estar garantizado. La medida, impulsada por Yolanda Díaz, choca con la realidad de una legislatura frágil, donde un solo veto puede bloquear una propuesta que afecta a más de 12 millones de trabajadores. Junts, con su enmienda a la totalidad, ha activado precisamente esa alarma, poniendo en entredicho no solo el contenido de la norma, sino también la estrategia del Gobierno para sacarla adelante.
La vicepresidenta segunda insiste en que no dará marcha atrás en el objetivo de las 37,5 horas semanales, incluso cuando ello implique tensar las relaciones con un socio clave como Junts. Díaz ha preferido dirigir sus dardos hacia el Partido Popular, responsabilizándolo anticipadamente de un posible bloqueo. No obstante, el énfasis en el PP parece más una maniobra de presión que un cálculo realista, dado que el apoyo de Feijóo a una medida liderada por Sumar es, como poco, improbable.
Más allá del discurso político, la realidad es que el Ejecutivo ha llevado al Congreso una norma sin blindar los apoyos necesarios, fiando su éxito a una negociación que aún está por definirse. Junts exige adaptar el texto a la situación catalana, especialmente para minimizar los efectos en pymes y autónomos, y aunque Díaz ha dejado la puerta abierta a ayudas específicas, se mantiene inflexible en su principal condición: la jornada debe recortarse. Esa “línea roja” deja poco margen si lo que se busca es un pacto de mínimos con los neoconvergentes.
En su intervención, Díaz ha reivindicado que la ley ya está “ganada en la calle”, pero el Parlamento, no menos democrático, exige algo más que voluntad. La patronal, aunque en parte respaldó el informe del Consejo Económico y Social, no apoya activamente la reforma, y Junts actúa presionado por los sectores empresariales catalanes. En este contexto, el Gobierno juega a varias bandas sin tener todavía una partitura clara.
Mientras tanto, la medida estrella del Ministerio de Trabajo corre el riesgo de convertirse en un símbolo frustrado de una legislatura donde las mayorías son tan volátiles como los compromisos. Díaz, en su cumpleaños, logró un titular. Que lo logre también en el BOE depende, ahora, de una negociación que aún camina sobre hielo fino.
