Tácito -que era un tio muy listo y erudito-, dejó para la historia escribió en sus Anales «Corruptissima re publica, plurimae leges», lo que viene a decir es que en la república más corrompida, más leyes. Dos mil años después, termina julio y en agosto el boletín oficial no descansa y suelen brotar decretos y otras normas que pasan más de puntillas entre los ciudadanos que estamos en el chiringuito o arreglando la casa con las ofertas del Leroy.
El desaguste social han pretendido corregirlo siempre a base de legislar, pero no aplicar -así nos va- y eso lo que produce es un desajuste cada vez mayor. Y también una carga mayor para la administración, pues se crean puestitos nuevos, un carguito público más y esas cosas. Ya lo aviso Bruselas, pero esa es otra que igual camina. Mecánica simple y previsible a costa de las arcas del estado que llenamos todos los que producimos.
Como ejemplo el mercado inmobiliario. Esta pasada semana Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda, lleva años advirtiendo que las políticas públicas de vivienda desde 2007 «han ido a peor». Dice que entre 2015 y 2023 el precio del alquiler subió un 57 % en España, el de compraventa un 47 %, y un hogar medio necesita hoy 7,5 salarios anuales para adquirir una vivienda, el doble que en 1999. Y yo pregunto ¿Qué es un hogar medio?. Cuenta que se crean tres hogares nuevos por cada vivienda construida y el país acumula cuatro millones de inmuebles vacíos. Esto es de locos -como diría mi amigo Jose- La ecuación que no llega a entender la que lleva vivienda en el gobierno de Sánchez es tan solo que menos oferta, más demanda, precio disparado. Y todo, bajo la mirada de un legislador que jura y promete que esta protegiendo al inquilino.
Canarias, que atesora la doble condición de laboratorio inmobiliario y de conejillo de indias regulatorio, publicó la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Para ordenar el mercado, dice, aliviar el acceso a la vivienda residencial y contener la «sobreexplotación turística» del suelo. Estoy convencido que esta diseñada con las mejores intenciones – conozco algunos que la trabajaron- . Me cuentan moratoria de diez años para nuevas viviendas destinadas a alquiler vacacional, tope del 10 % de vivienda vacacional por edificio en suelo residencial estándar, suspensión de autorizaciones en las «zonas de mercado residencial tensionado» que Adeje y Granadilla se han apresurado a solicitar, y una delegación de competencias en cabildos y ayuntamientos que garantiza, cuando menos, tres capas más de burocracia. Lo leen bien, más burocracia más normas, menos libertad y menos de todo. El BOC crece la vivienda, ya veremos. Y de esta burocracia sumatoria o dice nada el vicepresidente Dominguez.
En Canarias el suelo esta tasado por decreto natural y con una presión turística estructural, la vivienda residencial compite con la vacacional en una arena finita. Pero la respuesta legislativa, como casi siempre, adopta la forma que Tácito, otra vez, describió con precisión quirúrgica en su Agrícola: Hacen el desierto y lo llaman paz.
Porque la cadena causal es la que ya predijo Nasarre para Cataluña, para Berlín, para París y para cualquier plaza donde la ocurrencia se ensaye. Se prohíbe o se estrangula una modalidad -la vacacional-; el propietario no vuelve al alquiler tradicional, porque el alquiler tradicional es inseguridad jurídica, sumale la Ley 12/2023 estatal, la prórroga forzosa del Real Decreto-ley 8/2026, la protección procesal del ocupante y la amenaza expropiatoria latente en los artículos que mandan. Se refugia entonces en el arrendamiento de habitaciones, en el contrato verbal, en el alquiler en negro, o directamente en el silencio del inmueble cerrado. La oferta cae. Los precios suben. Y las familias, los jóvenes, los divorciados, los «colectivos vulnerables» de la prosa oficial, quedan, en palabras del propio catedrático, «entre la espada y la pared». Video escribía Ovidio: veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Es el epitafio del intervencionismo bienintencionado.
Súmese a todo esto el peculiar entramado canario: el REF con sus incentivos que podrían haber empujado la producción residencial -RIC, ZEC- pero que la maraña normativa asfixia en la letra pequeña; la Ley 4/2017 del Suelo, que vino a simplificar y ha terminado como todos los intentos de simplificación, añadiendo capas; los planes insulares, los planes generales, los planes especiales, los planes de los planes; el dominio público marítimo-terrestre con sus deslindes eternos; y ahora esta nueva capa vacacional. Uno tiene la sensación que legislan usando el principio hipocrático a la inversa, esto es, primero, dañar, después, ya veremos.
Y es que el legislador, legisla sin haber vivido, del juez que juzga sin haber tenido oficio, y el gobernante que confunde el «dictar normas» con el «gobernar», decía Quevedo.
En fin lo dicho, cuanta más normas, menos libertad. Cuanta menos libertad, menos sociedad. Y cuanta menos sociedad, más norma para taparlo. El bucle es perfecto. En Canarias, con su suelo escaso y su presión estructural, cada vuelta de tuerca duele más que en la Península porque tenemos menos margen para el error. Y llevamos, sin embargo, dos décadas ensayando la misma receta con idéntico resultado. La única variable que aumenta es el precio del fracaso y en las islas, ya se sabe, todo se paga más caro.
Sólo hay un modo de romper el bucle. Es precisamente el que ningún gobierno se atreve a intentar: gobernar menos.
