El salario mínimo suele presentarse como una cuestión sencilla: estar a favor significaría defender a los trabajadores, mientras que oponerse a él equivaldría a defender los intereses de los empresarios. Esta dicotomía, sin embargo, simplifica excesivamente un problema económico e institucional mucho más complejo. La discusión no debería reducirse a determinar qué nivel salarial consideramos socialmente deseable, sino a comprender cómo se forman realmente los salarios, qué función cumplen los precios dentro del proceso de mercado y qué ocurre cuando una autoridad política intenta sustituir ese proceso mediante la fijación coercitiva de un precio mínimo para el trabajo.
Desde una perspectiva liberal y, particularmente, desde la tradición de la Escuela Austríaca de Economía, el salario debe comprenderse como parte de un proceso de coordinación descentralizada. No existe un salario económicamente determinado de antemano que pueda ser descubierto por decreto. Los salarios surgen de las valoraciones, expectativas y decisiones de múltiples individuos que poseen conocimientos particulares sobre sus circunstancias y que actúan bajo condiciones de incertidumbre. Ludwig von Mises explicaba la formación de los salarios a partir de la competencia entre empresarios por los servicios laborales y de sus expectativas acerca del valor que esos servicios permitirán obtener en el futuro. En este sentido, el salario está relacionado con el valor esperado de la contribución marginal del trabajo dentro del proceso productivo, así como con la oferta de trabajo, la disponibilidad de otros factores de producción y los precios anticipados de los bienes que serán producidos.
Esto permite comprender por qué la expresión «subir los salarios» puede resultar engañosa cuando se utiliza sin distinguir entre salarios nominales y salarios reales. Una legislación puede elevar mediante decreto la cantidad de unidades monetarias que debe recibir un trabajador por hora trabajada, pero no puede crear por decreto los bienes y servicios adicionales que hagan posible sostener permanentemente ese incremento en términos reales. El problema económico fundamental no consiste, por tanto, en determinar cuánto nos gustaría que ganara un trabajador, sino en comprender qué condiciones permiten que una economía produzca el suficiente valor como para sostener salarios reales crecientes.
Aquí aparece uno de los problemas centrales desde la perspectiva austríaca: el conocimiento económico está disperso. Ningún legislador, funcionario o comité puede conocer completamente las circunstancias particulares de cada trabajador, empresa, sector, localidad y relación laboral. Un pequeño comercio puede enfrentar condiciones radicalmente distintas a las de una multinacional; un trabajador sin experiencia puede encontrarse en una situación muy diferente a la de un trabajador especializado; y una empresa con abundante capital puede afrontar un costo laboral de manera distinta a otra cuya producción depende intensivamente del trabajo humano. Los precios de mercado permiten coordinar parte de esa información dispersa precisamente porque incorporan las valoraciones y expectativas de innumerables participantes.
Cuando el Estado establece un salario mínimo, no elimina esas diferencias ni las circunstancias que las originan. Lo que hace es establecer jurídicamente un umbral por debajo del cual determinadas transacciones laborales dejan de ser legalmente posibles. Si ese umbral se encuentra por encima del salario que determinados trabajadores podrían obtener voluntariamente dadas sus condiciones de productividad, experiencia, ubicación, capital disponible y demanda empresarial, la legislación no hace desaparecer esa realidad económica. Simplemente impide que algunas de esas relaciones laborales puedan realizarse dentro del marco legal.
Los efectos concretos de esa intervención pueden adoptar distintas formas. Una empresa puede reducir la cantidad de trabajadores contratados, disminuir horas de trabajo, elevar exigencias de productividad, modificar las condiciones no salariales del empleo, sustituir determinadas tareas mediante capital y tecnología, aumentar precios, reducir márgenes de beneficio o trasladar determinadas actividades hacia la informalidad. No todos estos mecanismos aparecen necesariamente en todos los mercados ni con la misma intensidad. La propia literatura empírica muestra resultados heterogéneos y dependientes del contexto.
Precisamente por eso, una defensa intelectualmente seria de la libertad económica no debería afirmar que todo aumento del salario mínimo produce necesariamente una determinada cantidad de desempleo. Esa afirmación sería demasiado fuerte y no refleja adecuadamente la evidencia disponible. Existen estudios que encuentran efectos pequeños o difíciles de observar sobre el empleo agregado, mientras que otros identifican efectos más importantes sobre determinados grupos, sectores, horas trabajadas o trabajadores de menor productividad. La OIT, por ejemplo, reconoce que los resultados empíricos varían según países, períodos, niveles del salario mínimo y características de los mercados laborales.
Pero reconocer esta complejidad empírica no elimina la crítica liberal. La hace más precisa.
El problema fundamental no es únicamente cuánto empleo se destruye ante determinado aumento del salario mínimo. También debemos preguntarnos qué proceso de coordinación estamos sustituyendo cuando una autoridad política fija administrativamente el precio del trabajo. El mercado laboral no es una máquina cuya única variable relevante sea el número de trabajadores y puestos disponibles. Es un proceso dinámico en el que empresarios y trabajadores descubren continuamente nuevas oportunidades, modifican sus planes, adquieren experiencia, invierten en capital, desarrollan nuevas tecnologías y ajustan sus expectativas frente a cambios que ningún actor individual puede conocer completamente.
Desde esta perspectiva, el salario cumple una función que va mucho más allá de determinar cuánto dinero recibe una persona. Es una señal que ayuda a coordinar decisiones empresariales y laborales. Un salario relativamente bajo puede reflejar, entre otras circunstancias, una escasez de capital, poca experiencia laboral, baja productividad, una determinada estructura sectorial o una reducida demanda por ciertos servicios. Cuando esa señal es modificada coercitivamente, las decisiones de los participantes del mercado también tienen que modificarse.
Esto resulta especialmente importante cuando se habla de trabajadores jóvenes, personas con poca experiencia, trabajadores poco cualificados o individuos que intentan incorporarse por primera vez al mercado formal. Para ellos, el primer empleo no representa únicamente un ingreso presente. También puede significar experiencia, aprendizaje, capacitación, adquisición de hábitos laborales y acumulación de capital humano. Si una regulación impide que determinadas relaciones laborales puedan celebrarse porque el trabajador todavía no genera suficiente valor como para justificar legalmente el salario establecido, el resultado puede ser que algunos individuos queden excluidos precisamente del proceso mediante el cual podrían aumentar su productividad futura.
La cuestión adquiere una dimensión particularmente relevante en la República Dominicana debido al elevado peso de la informalidad. Según el Banco Central, la tasa de informalidad laboral fue de 54.2 % durante el cuarto trimestre de 2025, aunque esta cifra representó una reducción de 0.6 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2024.
Este dato, por sí solo, no demuestra que el salario mínimo sea la causa de la informalidad, y sería metodológicamente incorrecto afirmarlo. La informalidad responde a múltiples factores institucionales y económicos. Sin embargo, sí constituye una razón para preguntarnos si las regulaciones laborales, los costos de formalización y las obligaciones asociadas al empleo formal están diseñadas de manera compatible con las condiciones productivas de quienes se encuentran en los segmentos inferiores del mercado laboral.
El problema aparece cuando la legislación pretende proteger al trabajador que todavía no puede obtener determinado ingreso en el mercado formal, pero termina dificultando que ese mismo trabajador pueda acceder a una relación laboral formal. La protección jurídica pierde buena parte de su significado si la persona queda fuera del ámbito en el que esas protecciones pueden hacerse efectivas. La propia literatura internacional reconoce que, en economías con elevada informalidad, un salario mínimo demasiado elevado puede desplazar parte de las relaciones laborales desde el sector formal hacia el informal, aunque los efectos concretos dependen de cada país y de la intensidad con que se cumpla la legislación.
Esto nos lleva también a una consideración que los liberales debemos estar dispuestos a reconocer: los mercados laborales no siempre funcionan bajo condiciones ideales de competencia. Pueden existir costos de búsqueda, barreras geográficas, información imperfecta, restricciones de movilidad y situaciones en las que determinados empleadores poseen poder de negociación. La literatura contemporánea ha desarrollado modelos de monopsonio que muestran que, bajo determinadas circunstancias, un salario mínimo moderado puede incluso producir resultados diferentes de los previstos por el modelo competitivo tradicional.
Reconocer esto no obliga a abandonar la crítica liberal al salario mínimo. Significa evitar que nuestra posición dependa de un modelo excesivamente simplificado del mercado laboral. La cuestión relevante pasa entonces a ser otra: ¿es realmente necesario sustituir mediante una regulación general el proceso descentralizado de negociación, descubrimiento y coordinación, y cuáles son los costos de hacerlo?
La respuesta liberal debería partir de una profunda cautela frente a la capacidad del Estado para producir mediante legislación resultados económicos que no puede generar directamente. El Estado puede establecer obligaciones jurídicas, pero no puede decretar productividad. Puede elevar el salario nominal obligatorio, pero no puede ordenar que aumente simultáneamente la cantidad de bienes y servicios disponibles. Puede establecer barreras legales a determinadas contrataciones, pero no puede garantizar que aparezcan nuevas oportunidades laborales equivalentes.
Por eso, la pregunta más importante debería ser qué instituciones permiten que los trabajadores aumenten su productividad y, con ella, su capacidad de obtener mayores ingresos reales. Esto conduce inevitablemente hacia cuestiones menos populares en el debate político: acumulación de capital, inversión, educación, formación profesional, innovación, competencia, seguridad jurídica, reducción de costos de transacción, facilidad para emprender y eliminación de barreras innecesarias a la formalización.
En este punto existe una diferencia fundamental entre una política que intenta decretar el resultado y una política que intenta mejorar las condiciones del proceso. La primera puede establecer administrativamente un precio. La segunda busca crear las condiciones institucionales para que ese precio pueda surgir de manera sostenible a partir de una economía más productiva.
El objetivo debería ser que un trabajador dominicano pueda exigir salarios cada vez mayores porque existen múltiples empresas compitiendo por sus servicios, porque posee mayor capital humano, porque dispone de más herramientas y capital para producir y porque una economía en expansión genera una demanda creciente por su trabajo. Cuando los empresarios compiten por trabajadores, los trabajadores también obtienen mayor capacidad de negociación. La competencia empresarial por el factor trabajo puede convertirse así en una fuente genuina de crecimiento salarial.
Esta perspectiva cambia completamente la naturaleza de la discusión. El problema no consiste en decidir si debemos «estar con los trabajadores» o «estar con las empresas». Los trabajadores y los empresarios participan conjuntamente en un proceso de intercambio voluntario que puede beneficiar a ambas partes. El empresario demanda trabajo porque espera que este contribuya a producir bienes y servicios que los consumidores valorarán; el trabajador ofrece su trabajo porque espera obtener una remuneración que considera preferible a las alternativas disponibles. El salario es el precio que coordina esa relación.
Por supuesto, esto no significa que todo contrato laboral sea necesariamente justo, perfecto o deseable. Significa que debemos distinguir entre una relación que puede ser modificada voluntariamente por sus participantes y una relación que el Estado prohíbe porque considera que el precio acordado se encuentra por debajo de un determinado umbral.
La cuestión moral tampoco debería reducirse a afirmar que pagar salarios bajos es necesariamente inmoral. Si una persona tiene pocas alternativas y acepta voluntariamente un empleo determinado, podemos considerar deseable que encuentre mejores oportunidades, pero eso no significa automáticamente que la prohibición de contratar por debajo de cierto precio produzca una situación mejor. Una política pública debe evaluarse también por sus consecuencias sobre las oportunidades disponibles para quienes pretende beneficiar.
Y aquí aparece la paradoja del salario mínimo: una norma puede aumentar el ingreso de quienes conservan su empleo mientras, simultáneamente, puede dificultar el acceso de otros al mercado laboral. La pregunta política no puede detenerse en los trabajadores beneficiados directamente por el aumento; también debe considerar a quienes quedan fuera de la relación laboral, a quienes ven reducidas sus horas, a quienes pasan a la informalidad y a quienes pierden oportunidades de adquirir experiencia.
El salario mínimo puede ser políticamente atractivo porque convierte una aspiración legítima —que los trabajadores tengan mejores ingresos— en una decisión administrativa aparentemente sencilla. Pero la prosperidad no depende de la facilidad con la que una autoridad pueda modificar una cifra. Depende de la capacidad de una economía para producir bienes y servicios cada vez más valorados por los consumidores y, mediante ese proceso, generar una demanda creciente por trabajo.
Por eso, mi oposición al salario mínimo no parte de la idea de que los trabajadores deban ganar menos. Parte precisamente de lo contrario: de la convicción de que los trabajadores deben poder ganar más sin que ese aumento dependa de una orden administrativa.
La verdadera discusión no debería ser cuánto podemos decretar que gane un trabajador, sino cuánto podemos hacer para que su trabajo sea suficientemente productivo como para que las empresas compitan voluntariamente por él.
Porque un salario puede fijarse por ley.
La productividad no.
La inversión no.
La creación de empresas no.
Y la prosperidad, definitivamente, no puede decretarse.
