Cientos de prisioneros tomaron este domingo el Internado Judicial de Barinas, en el oeste de Venezuela, para denunciar torturas y exigir la destitución del director del penal. Los reclusos subieron al techo de la cárcel, quemaron colchonetas y colgaron pancartas con mensajes como «SOS», «Nos torturan» o «No más tortura».
Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), 1.200 hombres y más de 100 mujeres «se declararon en huelga» en esta prisión. La organización, con estatus consultivo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, difundió imágenes de los internos encapuchados sobre los techos mientras se elevaban grandes columnas de humo.
Los presos acusan al director recién designado, Elvis Macuare Guerrero, de someterlos a requisas violentas, aislamiento y torturas. También reclaman contra un funcionario apodado «El padrino» y denuncian restricciones en el acceso a alimentos, medicamentos, agua potable y visitas familiares.
Mientras la situación se deterioraba dentro del recinto, familiares de los reclusos intentaron impedir el ingreso de una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, sin conseguirlo. Minutos después de la entrada de los efectivos, quienes aguardaban fuera escucharon gritos y detonaciones. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que hubo presos heridos por disparos.
Macuare Guerrero fue nombrado director tras la destitución de Robert Cabeza el 20 de mayo, en el marco del anuncio de la Asamblea Nacional chavista de liberar a 300 presos políticos. El 19 de mayo, el preso político Tito Livio Volcanes Dávila fue trasladado de emergencia a la Clínica Barinas con un cuadro crítico. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció que el anterior director intentó obstaculizar su atención médica.
El caso no es aislado. Entre abril y principios de mayo, el OVP registró al menos 14 muertes bajo custodia estatal. El episodio más grave fue el motín del Centro Penitenciario Yare III el 20 de abril, con cinco reclusos muertos. La organización denuncia que el hacinamiento, la falta de atención médica y los traslados arbitrarios agravan sistemáticamente las condiciones de reclusión en todo el país.
Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, precario suministro de alimentos, falta de atención médica, retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos en las cárceles venezolanas. Las autoridades no han emitido comentarios sobre el motín.
