Canarias llega a la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE (2028–2034) con una idea fija: mantener intacta la “cláusula RUP” que reconoce, por Tratado, la singularidad de las nueve Regiones Ultraperiféricas (RUP) —Canarias; Azores y Madeira; y los territorios franceses de Guayana, Guadalupe, Martinica, Reunión, Mayotte y San Martín—.
El objetivo es claro: preservar los sobres específicos que, en el marco vigente 2021–2027, han permitido amortiguar sobrecostes estructurales y sostener empleo, servicios e inversión.
Los últimos años han sido intensos para las islas: la pandemia quebró cadenas turísticas y logísticas; la erupción de La Palma obligó a reprogramar partidas y a priorizar vivienda, infraestructuras y empleo; la inflación y la energía encarecida golpearon el bolsillo de hogares y empresas; y los incendios forestales de 2023 recordaron la fragilidad de los territorios insulares.
En ese contexto, los instrumentos europeos específicos para RUP no han sido un adorno: han actuado como columna vertebral de la inversión pública y como red de seguridad para los sectores más expuestos.
Qué está en juego
En el ciclo 2021–2027, Canarias suma más de 4.600 millones de euros en recursos ligados a su condición de RUP, con dos pilares principales: por un lado, FEDER y FSE+ (cohesión, empleo, innovación, transición verde y digital) por algo más de 2.700 millones; por otro, el POSEI —el programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad en agricultura y ganadería— con alrededor de 1.880 millones en siete años (en torno a 268 millones anuales).
A esto se añaden compensaciones en pesca y medidas regulatorias que reconocen sobrecostes logísticos, mercados pequeños, discontinuidad territorial y dependencia energética. Sin esa “excepción RUP”, buena parte de las actuaciones que hoy vemos —desde modernización de pymes y formación hasta agua, residuos, eficiencia energética o conectividad— no habría sido posible o habría llegado más tarde y peor.
Por qué preocupa la propuesta 2028–2034
En los borradores que se barajan, los sobres “etiquetados” para RUP pierden protagonismo frente a una programación más nacionalizada: los Estados decidirían con más margen cómo y dónde repartir.
Para Canarias y el resto de RUP, eso abre un riesgo doble.
Primero, competir dentro de cada país con regiones continentales por la misma bolsa, diluyendo la ultraperiferia.
Segundo, debilitar la referencia explícita al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que obliga a un trato diferenciado y estable a estos territorios.
Traducido: menos garantía de que la excepción se sostenga cuando cambien los vientos políticos.
Qué piden las islas:
- Mantener POSEI tal y como está, con dotación estable y finalista, porque es la pieza que compensa los costes de producir aquí alimentos básicos (plátano, tomate, ganadería, forrajes) y evita la desertización agraria.
- Conservar los ejes FEDER y FSE+ con enfoque RUP, esto es, porcentajes y prioridades reservadas que garanticen inversión en transición energética, digitalización, I+D, formación y servicios públicos en condiciones equiparables al continente.
- Mantener las compensaciones en pesca y la referencia a costes adicionales en todas las políticas con impacto en el precio final —desde transporte a insumos—, para no penalizar a quien produce y trabaja en islas alejadas.
En un territorio doblemente insular, con salarios sujetos a la estacionalidad y una vivienda tensionada, cada porcentaje de FEDER, FSE+ o cada millón de POSEI se traduce en precios, empleo y servicios.
No va de privilegios, sino de igualdad de oportunidades: de que vivir y producir en islas alejadas no te coloque, de partida, varios escalones por debajo.
