Hay un número que debería avergonzar a más de uno en Madrid: 670%. Es el porcentaje de saturación de los centros de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias. Capacidad ordinaria, 737 plazas. Menores albergados ahora mismo, 3.536. No es una metáfora ni una exageración de campaña. Es la realidad que Amnistía Internacional se ha tomado la molestia de documentar esta semana, junto con denuncias de violencia, castigos desproporcionados y aislamiento en instalaciones que llevan años desbordadas.
Mientras tanto, en el último año, de los 811 menores que llegaron solos a las islas, solo 701 fueron trasladados al resto del Estado. Cien jóvenes de diferencia entre lo que llega y lo que sale. Cien razones más para que la saturación no ceda. El mecanismo de distribución existe sobre el papel. Funciona como tantas otras promesas del Gobierno de España con el archipiélago: regular en el anuncio, escaso en la ejecución.
El presidente Fernando Clavijo lo dejó claro el pasado jueves: Canarias no puede permanecer inmóvil ante un Gobierno central que no aprueba sus presupuestos y paraliza los compromisos con las islas. No es una queja nueva. Es la misma queja de siempre, con nuevos números y nueva urgencia. El «Decreto Canarias» que reclama el ejecutivo autonómico no es un capricho regionalista. Es la constatación de que el modelo de financiación, de distribución de responsabilidades y de respuesta a las crisis extraordinarias sigue sin incorporar de verdad la singularidad del archipiélago.
Canarias no es una comunidad más. Es frontera exterior de Europa, territorio ultraperiférico, conjunto de islas sin tierra firme a la que conectarse. Cada menor que llega solo en patera es una responsabilidad compartida del Estado español y de la Unión Europea. Pero la práctica demuestra otra cosa: el reparto se queda en el comunicado, y la carga aterriza entera aquí.
Lo más grave no es solo la saturación. Es lo que ocurre dentro de esos centros cuando la saturación se prolonga sin solución. Amnistía Internacional no documenta supuestos excesos menores. Documenta un sistema al límite que empieza a producir daño sobre quienes debería proteger. Eso es el fracaso del Estado en su versión más concreta: el niño solo, el funcionario sin medios, el centro sin espacio y el ministro sin respuesta clara.
Este no es un problema de inmigración. Es un problema de Estado. De cómo un Gobierno que lleva tres años sin presupuestos aprobados y con los compromisos financieros con Canarias en el cajón pretende mantener la apariencia de gestión sin asumir el coste real de sus omisiones. Las islas absorben, las islas aguantan, las islas piden. Y Madrid convoca una reunión, firma un protocolo y vuelve a su agenda.
La Semana Santa pasará. Los centros seguirán llenos el lunes. Y Canarias seguirá siendo el almacén de una conciencia que otros se han quitado de encima con un comunicado de prensa.
