El Gobierno de Canarias, liderado por el presidente Fernando Clavijo, anunció este lunes que iniciará una ofensiva política y jurídica ante la Unión Europea (UE) para lograr medidas que permitan limitar la compra de viviendas por extranjeros en las islas, con el objetivo de aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario y garantizar el acceso a la vivienda para los residentes canarios. La iniciativa, que se presentará formalmente durante la XXIX Conferencia de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) que comienza este martes en la isla francesa de Reunión, marca un paso decisivo en la lucha contra la crisis habitacional que afecta al archipiélago.
El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, detalló en rueda de prensa que Clavijo aprovechará la cumbre para mantener una reunión bilateral con el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, y plantear la preocupación del Gobierno canario sobre el impacto de las compras de viviendas por no residentes. Según datos oficiales, entre 2007 y 2024, los extranjeros adquirieron el 36,4% de las viviendas vendidas en las islas, una cifra que en municipios turísticos como Adeje alcanza el 45%. Esta tendencia, según el Gobierno, ha contribuido al aumento del precio del metro cuadrado y a la escasez de oferta para los canarios, agravando una emergencia habitacional que afecta especialmente a jóvenes y familias de bajos ingresos.
Cabello enfatizó que la medida busca aprovechar el estatus de Canarias como región ultraperiférica, reconocido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite adaptar políticas a las singularidades geográficas y económicas de las islas. “Nuestro encaje en la UE nos ha traído avances importantes, pero también debe ayudarnos a proteger nuestro ecosistema y futuro. Necesitamos un nivel de protección específico”, afirmó el portavoz, subrayando que la propuesta no pretende ser discriminatoria, sino proporcional y justificada por razones de interés general, como lo exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Sin embargo, los juristas advierten que la iniciativa enfrenta obstáculos legales significativos. La legislación comunitaria protege la libre circulación de capitales y personas dentro de la UE, lo que hace que cualquier restricción a la compra de viviendas por ciudadanos europeos sea compleja. Expertos consultados por medios locales, como el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de las Islas Baleares, Joan David Janer, han señalado que cualquier medida debe estar respaldada por una “justificación muy cuidadosa” basada en criterios objetivos y proporcionales. Ejemplos como Malta y Finlandia, que limitan la compra de viviendas por extranjeros, solo son aplicables porque esas restricciones se negociaron antes de su ingreso en la UE, un precedente que España no tiene al haber entrado sin especificidades similares en 1986.
El Gobierno canario ha encargado un estudio jurídico a sus servicios legales para explorar opciones viables, que podrían incluir restricciones a ciudadanos no comunitarios o una presión fiscal mayor para las compras de extranjeros, aunque esta última opción también podría ser impugnada por ser discriminatoria. Según posts encontrados en X, algunos usuarios apoyan la medida como una forma de proteger a los residentes, mientras que otros la critican como una acción populista que podría dañar la economía local, dependiente del turismo y la inversión extranjera. Estas opiniones, sin embargo, son inconclusas y reflejan más un sentimiento polarizado que datos verificados.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ya había anunciado en noviembre de 2024 que el Ejecutivo estaba trabajando en una agenda en Bruselas para impulsar esta excepcionalidad, pero el anuncio de este lunes representa el primer paso formal hacia la negociación. Rodríguez argumentó que la compra masiva de viviendas por no residentes, especialmente en zonas turísticas, ha distorsionado el mercado y elevado los precios, dejando a muchos canarios sin acceso a una vivienda asequible. “Hemos hablado en numerosas ocasiones de una emergencia habitacional. Uno de los elementos clave es el incremento de la demanda por parte de extranjeros, que tensiona aún más nuestro mercado”, explicó en su momento.
La propuesta ha sido bien recibida por algunos sectores políticos locales, como Coalición Canaria (CC), que ven en esta medida una solución a la sobrepoblación y la especulación inmobiliaria. Sin embargo, partidos de oposición, como Podemos y Nueva Canarias, han expresado dudas sobre su viabilidad y eficacia, argumentando que la solución real pasa por aumentar la oferta de viviendas públicas y regular mejor el sector turístico, que atrae a muchos compradores extranjeros.
La Comisión Europea ya advirtió en mayo de 2024, a través de su portavoz Francesca Dalboni, que cualquier restricción a la compra de viviendas por no residentes solo sería posible si se justifican “razones imperiosas de interés general” reconocidas por el TJUE, como el orden público, la seguridad pública o la protección del mercado local, siempre que sean proporcionales y no discriminatorias. Este criterio complica las aspiraciones de Canarias, pero el Gobierno regional confía en que su condición de región ultraperiférica y los datos sobre el impacto de las compras extranjeras puedan abrir un debate en Bruselas.
Por ahora, la ofensiva canaria se presenta como un proceso largo y complejo, que requerirá el respaldo del Gobierno central español y la aprobación de la UE. Mientras tanto, el mercado inmobiliario en las islas sigue en crisis, con precios de alquiler y compraventa que han aumentado un 30% en los últimos cinco años, según informes del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). La población local, que ha visto cómo la especulación y el turismo masivo han reducido su acceso a la vivienda, espera con expectativa los resultados de esta iniciativa, aunque muchos dudan de que sea una solución rápida.
El mundo observa este movimiento, que podría sentar un precedente para otras regiones ultraperiféricas de la UE, como Azores, Madeira o las Antillas francesas, enfrentadas a desafíos similares. Si Canarias logra avanzar, podría redefinir las políticas de vivienda en el bloque comunitario, pero el camino será sin duda lleno de obstáculos legales y políticos.
