El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes un proyecto de decreto-ley que reduce el tiempo de tramitación de licencias urbanísticas de los dos años actuales a un máximo de seis meses, según anunciaron los consejeros de Política Territorial, Manuel Miranda, y de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, en rueda de prensa. La medida busca agilizar la construcción de viviendas protegidas y asequibles en el archipiélago, abordando la crisis habitacional que afecta a la región.
El decreto, elaborado conjuntamente por las consejerías de Política Territorial y Obras Públicas, permite que los informes técnicos necesarios para la edificación sean emitidos no solo por técnicos municipales, sino también por colegios profesionales, empresas públicas o entidades urbanísticas colaboradoras. Los promotores podrán presentar estos informes directamente, lo que, según Miranda, “acortará significativamente los plazos de los expedientes”. Sin embargo, el informe jurídico final seguirá siendo responsabilidad de los ayuntamientos para garantizar la seguridad jurídica. “Con una aplicación correcta, los municipios podrán pasar de dos años a unos seis meses para otorgar una licencia”, afirmó Miranda.
Además de acelerar los trámites, el decreto introduce medidas para impulsar la vivienda protegida, como la figura de las “viviendas asequibles incentivadas” y la posibilidad de cambiar el uso de suelos destinados originalmente a fines comercial, industrial o terciario para facilitar nuevos proyectos residenciales. También se permitirá la ejecución anticipada de viviendas protegidas en suelos urbanizables privados, incluso si la urbanización no está finalizada.
La iniciativa ha sido bien recibida por el sector de la construcción, pero ha generado debate político. Más País Canarias expresó su preocupación por posibles riesgos urbanísticos si los controles se relajan, mientras que el Gobierno regional insiste en que las garantías jurídicas están aseguradas. El decreto, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, también incluye medidas para rehabilitar urbanizaciones abandonadas, según un comunicado del Gobierno autonómico.
Con esta reforma, Canarias busca no solo dinamizar el acceso a la vivienda, sino también modernizar la gestión urbanística, alineándose con tendencias de simplificación administrativa vistas en otras regiones, como Portugal con su “Urban Simplex”. Mientras el archipiélago enfrenta una demanda creciente de vivienda asequible, este decreto-ley marca un paso clave para aliviar la presión habitacional y fomentar el desarrollo sostenible en las islas.
